Autonomía capturada

Carlos Mena Baduy
Foto: globalenery.mx
La Jornada Maya

Martes 5 de marzo, 2019

Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se le cuestiona el estilo y las soluciones apresuradas, pero nadie se atreve a subestimar la legitimidad de sus acciones, de ahí el 85 por ciento de aceptación nacional con el que goza. La agenda de temas que ha seleccionado y que anclan al país en el subdesarrollo asusta a todos, y al tocarlos causan revuelo en la forma pero, reitero, nadie puede cuestionar los añejos problemas nacionales que hoy enfrentamos, como la inseguridad y la Guardia Nacional, los monopolios bancarios, rapiña (huachicoleo), injusticias, impunidad y un largo etcétera.

Analizaremos el mencionado acoso a las instituciones autónomas, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), donde se ataca un presunto conflicto de interés por el titular, pero todos sabemos que en el fondo no es este el tema por el cual se quiere expulsar a su director, sino la forma de operar de la CRE, que provoca el cierre o déficit de empresas del sector energético por inoperantes para atraer al capital privado.

En el sexenio del Presidente Peña Nieto se crearon seis autonomías nuevas, lo más raro es que el afán de proporcionar autonomías se justifica para que el gobierno no tenga injerencia en temas técnicos que pudieran afectar el buen funcionamiento de las empresas públicas o privadas que regulan, pero en los resultados denotan una realidad diferente. Tal parece que algunas instituciones autónomas tienden a diagnosticar un escenario constante: el estado no es capaz de administrar y la iniciativa privada sí.

En diversas columnas periodísticas hay críticas al ataque de la autonomía que goza la CRE, cuestionada por la cuarta transformación como un objetivo de gobierno perverso para controlar todo el aparato de gobierno. Es el inicio de una era de autoritarismo donde se dinamitan los contrapesos que deben ser las instituciones autónomas.

Sin embargo, fuera de las definiciones teóricas de las autonomías y su bien diseñado disfraz de organizaciones al servicio de los mexicanos, nadie cuestiona los organismos como el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Protección de Datos y la Fiscalía General de la República.

En conclusión, las instituciones autónomas no deben tratar asuntos de negocios y del libre mercado, pues los intereses económicos son más grandes que ellas. De seguir así, seguiremos viendo gasolineras extranjeras, pocos bancos en el sur del país, regulaciones a modo, políticos preparando su próximo trabajo y licitaciones centralizadas dirigidas a grandes corporativos del centro del país.

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