Consecuencias de la impunidad

Normando Medina Castro
Foto: UDG
La Jornada Maya

Jueves 24 de enero, 2019

La corrupción en México es un monstruo de muchas cabezas, cuyo combate es tarea de todos los días y de todos los mexicanos, sin dar ni pedir cuartel y con la ley en la mano, para rescatar las instituciones que han sido utilizadas para satisfacer la codicia de particulares en perjuicio de la nación.

El robo de combustibles en todas sus modalidades y niveles es un acto de corrupción con ganancias de montos escandalosos provenientes de la comercialización y uso de miles de litros robados a México, o irrisorias cantidades obtenidas de la rapiña a los ductos.

El robo es un delito, y los que roban son delincuentes, sean de cuello blanco y pasen por “honorables” empresarios dueños de gasolineras que venden combustible robado, y los que lo utilizan para sus flotillas de vehículos, o los huachicoleros que pinchan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las personas usadas como carne de cañón con sus cubetas y bidones, y su vida pendiendo de un hilo.

También son delincuentes funcionarios y sindicalizados que al interior de Pemex han participado para desviar millones de litros de combustible quebrantando una institución estratégica para el desarrollo de nuestro país y el bienestar de los mexicanos.

El país se consternó con la tragedia ocurrida el 18 de enero en la comunidad de San Primitivo, de Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando alrededor de mil pobladores acudieron con sus recipientes a una toma clandestina para obtener combustible ilegal y ocurrió una explosión que cobró la vida a 91 personas y más de 40 lesionados. Impactó a todos los mexicanos que nos condolemos con la tragedia. Sin embargo, eso no disculpa a nadie. Con pesar y tristeza tenemos que decir que se trataba de personas que sabían que era peligroso e ilegal acudir a la ordeña del ducto roto. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos, sin pretextos ni justificaciones que valgan. Nuestras acciones tienen consecuencias y debemos aceptarlas.

La terrible tragedia ocurrió en medio de la cruzada emprendida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustibles en todos sus niveles. El monto del robo de combustible a Pemex es descomunal. Esta nación con más de 60 millones de pobres que apenas sobreviven día con día, ha sufrido por muchos años el saqueo de su riqueza que debía emplearse para generar desarrollo y bienestar. A cambio, unos cuantos protegidos del régimen corrupto, de injusticias y privilegios, gozaban de los excesos de su latrocinio con toda impunidad.

Los videos sobre la tragedia de Tlahuelilpan dieron la vuelta al mundo. La evidencia no deja lugar a dudas. Quienes estuvieron durante la explosión así lo quisieron, aún por encima de los elementos del ejército que les advertían del peligro. Algunos de los pobladores armados con palos golpearon los vehículos militares y entre insultos y amagos violentos los obligaron a retirarse. Pena ajena da el hecho de que algunos comentócratas y sesudos analistas señalen que los militares que se encontraban allí son responsables de inacción, cuando eran ampliamente superados en número por personas violentas y fuera de control.

Más pena que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siga esa dinámica alejada de la realidad. El mismo camino seguido por los dirigentes del PRI y del PAN que hasta indemnizaciones solicitan para quienes perecieron en esos actos delincuenciales. La corrupción sólo podrá erradicarse si se erradica la impunidad.

Lo dejaron solo con su actual partido, Movimiento Ciudadano, sin tomarlo en cuenta en las alianzas para las cercanas elecciones en las que se elegirá a la XVI legislatura de Quintana Roo. En su calidad de dirigente estatal de MC, José Luis Chanito Toledo, actuó en consecuencia. Pintó su raya y a través de sus representantes presentó una denuncia contra el PAN, el gobernador Carlos Joaquín y otros funcionarios del mismo partido por usar recursos públicos en eventos de índole partidista, ya que utilizaron la Casa de Gobierno, residencia oficial del titular de ejecutivo de Quintana Roo, para una reunión el 19 de enero, en la que estuvieron con el mandatario estatal el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, el diputado local Eduardo Martínez Arcila y la senadora Mayuli Martínez Simón además de otras personas de la misma filiación política que, incluso “subieron fotos en sus redes sociales, sin que se aprecie nadie de otro partido político”.

Al parecer Chanito no está dispuesto a ser testigo de palo en las disputas del poder en Quintana Roo. El PAN y el PRD que llevaron a Carlos Joaquín a la gubernatura, en las pasadas elecciones del primero de julio de 2018 aliaron a MC que, ahora remplazaron en el proceso para la renovación del Congreso del Estado, con el PES del inefable Greg Sánchez y su esposa Niurka Sáliva, que deciden todo, aunque el actual diputado local Carlos Mario Villanueva no quiere quedar fuera de la jugada y buscará ser tomado en cuenta.

El otro bloque partidista está compuesto por Morena, el Verde y el PT , que ha encontrado inconformidad de morenistas como Gabriel Várguez, Luis Briceño y Laurentino Martínez que se manifestaron abiertamente en contra de la inclusión del PVEM en la alianza que contenderá en las próximas elecciones estatales. A pesar de las protestas los tres partidos ya acordaron que Morena designará a los candidatos a diputado en 9 distritos que son: 3,5,6,7,9,10,11,12 y 14. Los demás son para el Verde del Niño Verde y Remberto Estrada , y para el PT del sempiterno Hernán Villatoro.

Los jaloneos en las dos alianza están a la orden del día debido a que el rumbo de las elecciones locales de la legislatura marcará en buena medida el posicionamiento de grupos rumbo a la sucesión gubernamental.

En fin son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PROXIMA!

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