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Óscar Muñoz
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya

Miércoles 13 de diciembre, 2017

Resulta increíble que, en pleno siglo XXI, un funcionario de una institución encargada de la coordinación de todos los museos en Yucatán tenga aún conductas que corresponden a otros tiempos.

Esto viene a cuento por el altercado sucedido la semana pasada entre un colaborador externo del Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY), el periodista Martiniano Alcocer, y el director de este instituto, Jorge Esma Bazán, quien, según sostiene el periodista, estuvo a punto de golpearlo. Alcocer hizo circular en las redes sociales una carta dirigida a sus amigos y a la sociedad, en la que destaca fundamentalmente la conducta del funcionario referido, y lo responsabiliza de lo que le pudiera ocurrir a él y a su familia. Parece ser que es la primera vez que alguien se atreve a denunciar, por lo menos públicamente, el comportamiento del director del IHMY. La delación ha sido replicada en los distintos medios de comunicación locales.

Más allá de los hechos denunciados, será importante encontrar en el fondo de los acontecimientos lo que representa, ante la sociedad y la justicia, el comportamiento del funcionario, pues refleja un atentado a los derechos humanos de los trabajadores, a quienes se les paga, igual que a su jefe, con el dinero de los contribuyentes.

Nadie puede estar por arriba de nadie. Un director o un gerente tienen la tarea de organizar las labores de los colaboradores de la institución y velar porque se cumplan de acuerdo con lo establecido en los manuales de operación y los programas comprometidos. Pero no acosar laboralmente a los trabajadores para el cumplimiento de las tareas.

El acoso laboral o [i]mobbing[/i], como el que presenció Martiniano Alcocer y padecieron los trabajadores del IHMY en la junta convocada por Esma Bazán la semana pasada, está sancionado por las leyes y puede ser denunciado por la vía penal, administrativa, civil o laboral, de acuerdo con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para considerar un hecho como acoso laboral habrá que ver si las personas que se ven intimidadas, opacadas, amedrentadas o consumidas emocional o intelectualmente con el fin de excluírlas de la organización o simplemente con el objetivo de satisfacer la necesidad de agredir, controlar o destruirles por sus hostigadores. Otro de los criterios establecidos por la SCJN es que estas conductas sucedan de manera sistemática.

La asociación civil Acciones Líderes solicitó que el director del IHMY, por lo menos, pidiera una disculpa pública al periodista.

El pasado martes, por diversos medios, se dio a conocer la invitación del instituto a Martiniano Alcocer para sostener un “diálogo maduro, responsable e inteligente”, basado en un espíritu humanista y respetuoso.

Por su parte, el comunicador condicionó la propuesta para llevarse a cabo con la presencia de la prensa y de un guardia que citó como testigo de la pretendida agresión.

Nunca será despreciable el planteamiento del diálogo para dirimir diferencias; como tampoco lo es que sea de modo abierto y franco.

Quizá estamos en la antesala de inaugurar una nueva forma de proceder entre personajes y entidades públicas. Ya se verá.

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