Feminicidios: machismo, indolencia y leyes incumplidas

La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Miércoles 25 de octubre, 2017

Al presentar ayer un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre procedimientos de alerta de violencia de género, el titular de ese organismo, Luis Raúl González Pérez, señaló que la norma orientada a proteger la vida de las mujeres no se aplica ni se cumple a cabalidad; el acceso efectivo a la justicia es limitado; las tareas de prevención no alcanzan los resultados esperados y los hechos de violencia quedan impunes. El ómbdusman dijo, asimismo, que estas alertas no producen resultados deseables y sus dinámicas operativas restan eficacia y eficiencia a su implementación.

En el mismo acto, la directora del programa de la CNDH sobre asuntos de la mujer, Elsa Conde, afirmó que la epidemia de feminicidios en el país está directamente relacionada con la violencia institucional, representada por el conjunto de acciones y omisiones del Estado que generan impunidad y falta de acceso a la justicia.

También ayer, en declaraciones por separado, Pablo Navarrete, coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destacó que el gobierno poblano no ha cumplido varias recomendaciones que le formuló el Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y destacó que la vida y la seguridad de éstas no está garantizada en aquella entidad.

María de la Luz Estrada, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que en los dos años anteriores se ha tenido registro de 820 desapariciones de mujeres, de las cuales en 300 casos se desconoce su paradero.

Significativamente, un día antes de las declaraciones referidas, el mismo González Pérez pidió a las autoridades federales emitir una declaración de alerta de violencia de género para Puebla, entidad en las que se han documentado 83 feminicidios entre enero y septiembre de 2017, y 324 desde finales de 2012 a la fecha: uno cada cinco días, en promedio.

Debe apuntarse que, a pesar del eco mediático en torno de los más recientes asesinatos de mujeres en Puebla, ese estado se encuentra en el lugar 18 –según datos del Inmujeres– en la lista de violencia y feminicidios, lo que basta para señalar que es aterradora la situación nacional en esta materia.

En la entidad poblana y en el resto del país, un denominador común en los asesinatos de mujeres en razón de su género es la renuencia de las autoridades a hacer justicia en general y, particularmente, a admitir que se trata de feminicidios y a tipificarlos como tales, renuencia que se reproduce cuando se trata de procesar actos de violencia de género que no necesariamente culminan en la muerte de la víctima. Ello es indicativo de una cultura misógina generalizada en las instancias de procuración e impartición de justicia que se refuerza a sí misma, que retroalimenta las tendencias machistas de la sociedad en general y desemboca en la consolidación de la pavorosa impunidad que prevalece en el país en todas las figuras delictivas.

Un ejemplo terrible de la ausencia de voluntad para sancionar agresiones contra las mujeres es el del episodio sufrido en septiembre pasado en Tlapa, Guerrero, por la activista Yndira Sandoval (La Jornada, 22/10/2017). Como lo ilustra ese caso, las víctimas que se atreven a denunciar los hechos y a exigir justicia son, con frecuencia, victimizadas de nueva cuenta por los propios organismos que debieran investigar y sancionar los ataques. La indefensión ha llegado al grado de que madres que buscaban justicia para sus hijas asesinadas fueron, a su vez, ultimadas ante la indolencia de las autoridades, como le ocurrió a Marisela Escobedo (ciudad de Chihuahua, diciembre de 2010), y Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez (San Fernando, Tamaulipas, mayo de 2017).

En suma, la erradicación de los feminicidios –y de las muertes violentas en general– no requiere de nuevos organismos burocráticos, de nuevas leyes o reformas a las existentes, sino de la voluntad de los gobernantes de todos los niveles y de los funcionarios de los tres poderes de la Unión para prevenir, esclarecer y sancionar en forma puntual y creíble cada caso, así como de campañas constantes e intensivas orientadas a desactivar la acendrada y casi omnipresente misoginia.

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