El gran engaño del fin al dinero público

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Carlos Ramos Mamahua
La Jornada Maya

Lunes 25 de septiembre, 2017

La aplicación de la terapia de choque que refiere Naomi Klein nos la están aplicando ahora tras el terremoto que ha cimbrado al país y destrozado la vida de tantos ciudadanos, de niñas y niños, de cuyos destinos funestos nadie se hace responsable. Mientras tanto, la impunidad sigue en pie e incólume entre los escombros dejados por la corrupción.

La terapia de choque aprovecha el aturdimiento colectivo para realizar reformas o tomar decisiones que en otras circunstancias nadie habría aceptado, o que muchos habrían cuestionado, por lo menos.

Eso está pasando con el llamado fin al financiamiento público a los partidos. Suena muy bien, cualquiera diría qué bueno. Aprovechando el rechazo generalizado o multitudinario (y justificado) de los mexicanos a los partidos políticos, al INE, a los institutos electorales locales, la alianza del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano propone la total eliminación del millonario financiamiento público, el que como bien admiten equivale apenas al uno por ciento del presupuesto del gobierno federal y de su gastadero, por ejemplo, en propaganda.

Decían el periodista yucateco, Eduardo Huchim y la periodista Carmen Aristegui en una plática, que no saben qué tanta seriedad hay en estos planteamientos -la austeridad es lo que demandan los mexicanos desde hace mucho y no se discute- pero la intención es sustituirlo por financiamiento privado, lo que exige, para empezar una nueva reforma electoral y constitucional cuando ya empezó el proceso electoral del 2018.

Es decir, la trampa es que dicha reforma, si se aplica dados los tiempos legislativos, se aplicaría a la primera elección intermedia después de la presidencial de 2018. Y en todo caso, los dejaría sin dinero para 2018, lo cual no es creíble, ya que ningún partido renunciará a realizar sus campañas el próximo año. ¿Entonces?

En realidad, la trampa es privatizar la política ¿A qué me refiero? Sin más merodeos, hay que decir que cancelar el financiamiento público por completo –y abrirlo a los llamados militantes y “simpatizantes”, así en abstracto- significa privatizar la política. O que Slim, Monsanto, quizá la Shell, por citar algunas empresas, pongan a un presidente, a los gobernadores, a los diputados, a través de su financiamiento. Es decir, que intereses exclusivamente privados, extranjeros o nacionales, decidan el destino del país. Que el que tenga más dinero sea el que gane la elección.

No nos engañemos. Será el dinero de las grandes trasnacionales y empresas mexicanas, de las grandes fortunas nacionales –y del crimen organizado- el que decida el destino político de la nación. El de las fortunas mal habidas de la política nacional, como la de Carlos Salinas y tantos otros políticos que tienen dinero suficiente para financiar a sus peones.

Además de desigual –el financiamiento público buscaba, según se justificaba, equilibrar la lucha política entre partidos- el ingreso exclusivo y sin control alguno del dinero de los sectores privados como ocurre en los Estados Unidos nos meterá en otro aprieto del que ahora nadie habla, entre el dolor y el justificado odio a la política y los políticos.

Demoler de un día para otro el actual sistema de financiamiento a partidos, sin reflexionar, tiene otras intenciones, aprovechando el aturdimiento colectivo.

Ahora va a resultar que sólo pueden hacer política, por ejemplo, quienes tienen dinero, y mucho, para patrocinar a quienes les servirán en los gobiernos y cámaras.

Ya sucede, ya ocurre, pero se va a volver mucho peor, sepultando los intereses ciudadanos.

¿La solución es cancelar por completo el dinero público de la política, de los partidos? ¿Acabar completamente con las instituciones electorales que tenemos? ¿Con qué las vamos a sustituir? ¿Con el dinero de las empresas y de los millonarios?

Eso requiere una compleja reflexión que no pretendo de ninguna manera bosquejar aquí, pero que sí debería ser materia de cualquier reforma, no hecha al calor de la tragedia nacional y de la manipulación electorera de las coaliciones y partidos.

No nos engañemos. La gran mentira de la cancelación del financiamiento a partidos es que el gobierno federal (o estatal) tiene el dinero que quiera para gastar en el proceso electoral con los incontables millones que han desviado con los ojos puestos en el 2018. Ya se vio en la elección reciente en el Estado de México. El único beneficiado con una medida del género es el PRI, porque seguirá teniendo todos los recursos, incluidos los donativos, por no hablar de la publicidad federal millonaria ejercida con la justificación de la reconstrucción.

Hay que reducir el gasto de los partidos. Sí, claro. Que se destine a los que lo han perdido todo, por supuesto. Pero que le quiten antes dinero y discrecionalidad al gobierno federal, a los gobiernos estatales, que son los que manejan presupuestos multimillonarios a su contentillo. Que les quiten lo robado a los ex gobernadores fugados o encarcelados. Y les reconstruyan sus casas a quienes las han perdido. Lo otro es un engaño, y la irrupción de otros intereses que aprovechan la catástrofe para medrar a su favor.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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