Cerdos y cenotes: el caso Homún

Rafael Robles de Benito
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 23 de agosto, 2017

En el mejor de los mundos posibles, una granja de cerdos bien podría convivir con un cenote saludable y resiliente. De hecho, una buena granja de cerdos tendría que ser una instalación pulquérrima, no solamente para garantizar la inocuidad alimentaria de sus productos, y garantizar así la salud de sus consumidores, sino además para garantizar que opera de una manera enteramente amigable con su entorno. Lamentablemente, sabemos que el nuestro no es precisamente el mejor de los mundos posibles.

Nuestro sentido del olfato, la bien aprendida desconfianza y la evidencia de la historia reciente de la actividad porcícola, nos hacen sospechar que cada vez que se propone el establecimiento de una granja de cerdos, ésta traerá consigo sin remedio un proceso de contaminación del agua y del suelo, a raíz de la mala disposición de los residuos que genera. Sabemos que construir y operar granjas que no contaminen cuesta dinero, además sabemos que los inversionistas capaces de establecerlas a gran escala piensan en términos de ejercer el menor gasto posible para obtener los máximos beneficios en el menor plazo concebible. Esta manera de pensar conduce siempre a la insustentabilidad de los negocios, y al deterioro del ambiente.

No debe sorprendernos, entonces, que las comunidades cercanas al cenote de Homún, que ven en él un potencial de desarrollo alternativo a sus actividades convencionales, que ya no resultan rentables, no vean con buenos ojos un proyecto de desarrollo porcícola, y teman que dé al traste con el recurso que puede convertirse en el pilar del futuro de su gente. Cuando a este ambiente de temor y desconfianza se añade el hecho de que el área donde se pretende establecer la granja en cuestión se encuentra dentro de la reserva geohidrológica del estado, o al menos en su zona de influencia, surge una razón más para el recelo: si el proyecto cuenta con todas las autorizaciones que se requieren para una actividad de este tipo, ¿cómo es que las autoridades las emiten, para un área donde se supone que precisamente estas actividades no se deben permitir?

Aun si hacemos un difícil ejercicio de confianza, y consideramos que todas las autoridades, tanto ambientales como agropecuarias, hicieron su trabajo cabal y escrupulosamente, la pregunta queda en pie: ¿por qué ahí, precisamente donde el decreto que crea un área protegida de importancia indudable, dice que no se debe permitir la construcción y operación de granjas porcícolas?

Quizá la única respuesta que podría resultar admisible sea que el proyecto se autorizó antes de la publicación del decreto, y que la ley no es retroactiva. De ser así, habría que hacer dos cosas: primero, informar a todos los actores involucrados en este proceso, acerca de ese hecho; y en segundo lugar, ofrecer garantías, a través de medidas de prevención, mitigación y compensación, que incluyan un monitoreo y supervisión puntual y meticulosa, que permita informar a las comunidades, de manera transparente y comprobable, acerca de los efectos que la operación de la granja tenga sobre las condiciones de su entorno. Sólo así se puede lograr vencer la desconfianza, si bien no de manera inmediata. Cuando menos, solamente así se podrá otorgar a la autoridad y a los inversionistas algo parecido al beneficio de la duda.

En el caso de Homún nos encontramos entonces ante una oportunidad de oro, para restablecer la confianza entre la sociedad civil y la autoridad, que para lograrlo tendría que seguir uno de dos caminos: o responde a la premisa de que la granja en cuestión no cuenta con las autorizaciones requeridas para operar legalmente, y entonces clausura de manera definitiva el proyecto, sanciona a quienes lo emprendieron, y exige medidas reparadoras y de compensación; o bien, si la empresa demuestra que cuenta con todos los permisos necesarios para garantizar su cabal operación, entonces la autoridad tendrá que emprender una acuciosa labor de supervisión, vigilancia y monitoreo, que ofrezca a los residentes de Homún evidencias poderosas y creíbles de que la operación de la granja no amenaza la calidad de su entorno. El reto es de lo más atractivo, ya que de poderlo encarar con éxito, la autoridad ambiental estaría señalando el camino para replantear las tan deterioradas relaciones entre la sociedad civil y el estado.