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Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 10 de abril, 2017

La detención de centenares de vehículos que presuntamente utilizan la aplicación Uber, ha dejado a cientos de familias yucatecas sin la posibilidad de ganarse la vida, aún cuando la empresa, según nos dicen algunos afectados, los apoya económicamente de forma parcial. Se habla de 540 autos secuestrados por las autoridades policíacas, tras declararse la cacería a Uber en Mérida.

En días recientes, el director de transporte del gobierno de Yucatán, Humberto Hevia, reconoció que son 540 las unidades presuntamente de Uber que han sido detenidas en los tres primeros meses del año. También dijo que sólo el 10 por ciento de los vehículos ha sido devuelto a sus propietarios, lo que quiere decir que 480 siguen en algún lugar detenidos.

Las detenciones, muchas realizadas de forma irregular y sin justificación, inclusive de vehículos que no tienen nada que ver con Uber (como hemos documentado) han deteriorado la imagen de la policía que, según la propaganda gubernamental, está al servicio de la ciudadanía.

El tema no es menor, ya que el famoso Escudo Yucatán se fundamenta en la confianza y la colaboración ciudadana con las autoridades policíacas, en primer lugar. Si se deteriora la confianza ante los abusos, la batalla contra la delincuencia podría comenzar a perderse, por lo que es crucial que los mandos policíacos investiguen los abusos y denuncias.

Mencionaré dos ejemplos que han pasado un tanto desapercibidos y que están bien documentados por la CNDH y la Codhey (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán).

[b]Caso 1.[/b] La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 08/2017 el pasado 31 de marzo, dirigida al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, por violaciones a los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica y seguridad e integridad personal, derivados de la detención arbitraria y tortura cometidas por agentes de la Gendarmería Policía Federal en agravio de un joven de 17 años de edad, en el municipio de Conkal, Yucatán.

De acuerdo a lo declarado por el agraviado a la CNDH, el 6 de abril de 2016 acudió a desayunar al mercado de ese municipio; al retornar a su lugar de trabajo, el vehículo en que se transportaba en compañía de dos personas fue detenido para una “inspección de rutina”, por elementos uniformados que se encontraban en otro automotor que tenía letras fluorescentes: “Gendarmería Policía Federal”.

Las tres personas fueron bajadas del vehículo y revisadas, dice la CNDH; los agentes se dirigieron al agraviado y le preguntaron “¿dónde venden la droga?”, a lo que les contestó que lo estaban confundiendo, que no sabía a qué se referían. Fue subido en la cabina trasera del vehículo policial donde le cubrieron la cabeza con su misma ropa, y dos uniformados lo golpearon con sus puños en su cuerpo, mientras lo amenazaban con que le iría peor si denunciaba esta agresión.

Posteriormente, narra la CNDH, lo bajaron del vehículo al llegar al “monte” y “5 uniformados” lo rodearon y le preguntaron reiteradamente dónde conseguía la droga en Conkal y quién se la vendía; al responder el detenido que no sabía nada, el interrogatorio continuó y los policías le aplicaron “lesiones electroespecíficas” en su cuello y hombro derecho.

[b]Caso 2.[/b] Suceso espeluznante ocurrido el mes de febrero en Tixkokob. La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por hechos que podrían constituir un delito en el caso del albañil Cristian Javier López Briceño de Tixkokob, quien fue atropellado por dos policías que conducían la patrulla 1255, de dicho municipio el pasado 2 de febrero.

Cristian Javier López Briceño denunció a la policía municipal de Tixkokob desde el hospital Doctor Agustín O'Horán donde fue internado en extrema gravedad. Además de golpes en el rostro, de tener dos costillas rotas, posteriormente le amputaron gran parte de la pierna derecha. El afectado señaló a [i]Infolliteras[/i] que el brutal atropellamiento fue intencional. Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad se ha dignado a apoyarlo. La operación casi le costó la vida por una infección hospitalaria que contrajo en el O´Horán, institución que además pretendía cobrarle 27 mil pesos por las curaciones a pesar de que fueron incapaces de salvarle la pierna a Cristian, quien ahora se ve imposibilitado de mantener a su familia.

López Briceño, hombre de escasos recursos económicos, ha vivido una auténtica pesadilla en el llamado estado “más seguro”, por lo que tuvo que realizar una denuncia ante la Codhey y la Fiscalía General del Estado (FGE). La Fiscalía dice que investiga el atropellamiento ocurrido en la colonia Salvador Alvarado de Tixkokob en las calles 20 y 33, el 2 de febrero pasado. Sin embargo, hasta ahora, Cristian se encuentra abandonado a su suerte, así como su familia.

[i]Mérida, Yucatán[/i]

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