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del

Rafael Robles de Benito
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Miércoles 5 de abril, 2017


Comienza abril, comienza el calor, y vuelven de nuevo las quemas, y con ellas, los incendios. No aprendemos nada: año tras año insistimos en proponer un “calendario de quemas”, supuestamente apoyando los sistemas a quienes pretenden que, quemando la selva, pueden incrementar la superficie tradicional de “hacer milpa”, y la hacerlo otorgamos una suerte de patente de corso a los que prenden fuego a sus propiedades, útiles para mal producir ganado, o para cambiar el uso del suelo forestal a alguna otra modalidad; agrícola, o pecuario.

La península de Yucatán, una vez más, arde y parece no preocuparnos en lo más mínimo: al fin que contamos con una “ley de quemas”. En tanto estemos apegados a la normatividad, no importa aportar más gases de invernadero a la atmósfera, ni amenazar las pocas áreas protegidas que hoy parecen, contra viento y marea, poder conservar el patrimonio natural de la región.

El fuego sigue siendo la herramienta agropecuaria privilegiada en la península de Yucatán. Con una sordera digna de Trump, neciamente seguimos tiñendo de gris los perfectos cielos azules de nuestros secos abriles. Autorizar quemas en estas épocas del año, digan lo que digan los saberes tradicionales, indígenas y milenarios, hoy significan generar pérdidas, deterioro, e insustentabilidad.

Baste como ejemplo el hecho de que el fuego es hoy por hoy una de las más importantes amenazas en las áreas naturales protegidas de las costas regionales. Hace unos días se anunciaba un incendio más en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Como todas las costeras, Ría Lagartos parece pensar que la garantía de su conservación está mirando a la mar: las estrategias de manejo están predominantemente orientadas a manejar la actividad de los prestadores de servicios turísticos, y en garantizar que los visitantes gocen de una visita gratificante, pero pierden de vista lo que sucede tierra adentro e impacta su capacidad para garantizar la perseverancia de su objetos de conservación.

Esa es, quizá, la fuente más severa de fragilidad de conservación de la costa yucateca: no entendemos que la oposición a la conservación no está en la playa. Ni en el mar: los impactos más severos contra la conservación acontecen al sur de los polígonos de las áreas protegidas, en los ranchos ganaderos. Ahí es donde se encuentra la amenaza del fuego.

Tendrían que suceder, en este sentido, dos cosas: Primero, lograr que la autoridad responsable de la conservación (la Conanp), entienda de una vez por todas que, al menos en la península de Yucatán, el desarrollo de la actividad agropecuaria es un área de actividad que interesa a su competencia y que la obliga a poner límites y normatividad. Pero en otro sentido, quizá más importante, y reconociendo que la actividad de los ganaderos es legítima y no necesariamente lesiva, las áreas protegidas de la península deberían estar orientando buena parte de sus esfuerzos a modificar las prácticas ganaderas para que no crezcan en superficie, para que no dependan de pastizales extensivos, y para que inviertan en mejorar y modernizar sus prácticas, de manera que sean consecuentes con la responsabilidad que tenemos todos con la conservación de nuestro patrimonio natural.

La fragilidad de la zona costera yucateca es severa: si no queremos perderla, debemos detener el daño, debemos poner nuestra mirada al sur: el deterioro viene del uso del suelo en las áreas ganaderas, Hay que ponerse a trabajar en ese asuntos Hay que poner la mira en las áreas agrícolas e industriales al sur de la franja costera. De ahí viene el daño, y esa es la actividad que hay que ordenar.

[i]Chetumal, Quintana Roo[/i]
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