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Eugenio Fernández Vázquez*
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Miércoles 29 de marzo, 2017


La iniciativa de ley general de biodiversidad (LGB) que presentó la senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha desatado una acre polémica entre los ambientalistas, que corre el riesgo de convertirse en un pelotón circular de fusilamiento, al centrarse en acusaciones personales en lugar de argumentos técnicos o políticos. Si así fuera, todos perderíamos; todos, menos el PVEM, a quien el medio ambiente le importa todavía menos que el bienestar de los pobres del país, pero que, privado de apoyos, ha buscado disfrazarse de ambientalista para ganar la legitimidad de la que carece.

Las críticas a la iniciativa de LGB tienen distintos orígenes y lógicas. Por un lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) -que brilla en esta discusión por la solidez de sus argumentos y la madurez democrática de su actitud- presentó un profundo análisis sobre la misma en la que apunta que no contribuye a dar certeza jurídica en el tema de manejo y conservación de la biodiversidad, ni corrige el desorden que priva en la materia. También explica que deja en una situación todavía más vulnerable a los pueblos indígenas y a las comunidades de zonas ambientalmente sensibles, y debilita las áreas naturales protegidas.

Por otro lado, Greenpeace inició una colecta de firmas y una campaña contra la iniciativa, centrada en criticar que permite la captura y comercio de especies como las guacamayas o las tortugas marinas. Además, acusó de “traficante de especies” a Felipe Ramírez, miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Biodiversidad y Ambiente (Ceiba) y ex director general de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente federal, que trabajó con la bancada del PVEM en la elaboración de la iniciativa.

En la misma lógica de oponerse a la propuesta de Salinas por levantar ciertas prohibiciones, pero llevando las acusaciones personales a otro nivel, apareció una petición en Change.Org de la ornitóloga Patricia Escalante, del Instituto de Biología de la UNAM. En ella carga contra Julia Carabias, Pedro Álvarez Icaza y Rodrigo Medellín -todos con una impresionante trayectoria en conservación y manejo de la biodiversidad- por pretender “monetizar la naturaleza”.

Desde el Ceiba, por otra parte, ha habido acciones y respuestas en distintos planos. Primero, el grupo trabajó para frenar a la senadora Salinas, que presentó su iniciativa el otoño pasado y buscaba que se librara de toda consulta fuera de San Lázaro. Una vez que -con el apoyo de otros actores- logró que se pospusiera la votación y se abrieran los foros a consulta, la organización ha defendido la negociación con el PVEM y demás partidos en el Senado y otros espacios.

Sin entrar al tema de las alusiones personales, la ex titular de Semarnat Julia Carabias, una de las cabezas más visibles del Ceiba, explicó en un diario de la Ciudad de México que sí es necesario actualizar el marco jurídico en materia de biodiversidad, pero aclaró que la forma en que la iniciativa de LGB pretende hacerlo es la equivocada. Pidió que la nueva ley, de entrar en vigor, no debilite a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), como sí ocurriría si se aprueba en la forma en que la presentó la senadora Salinas. Más bien, sostiene la maestra Carabias, la nueva ley debe desarrollar las disposiciones de la LGEEPA y complementarla. Carabias criticó también que la oposición a la iniciativa de LGB se centre en el tema de las prohibiciones, porque es concentrarse en una sola medida sin ocuparse de lo importante, que es corregir el marco normativo general para la conservación y manejo de la biodiversidad.

Por otra parte, Germán González Dávila, también parte del Ceiba, reaccionó de la manera opuesta ante las críticas personales y de la bióloga Escalante. En una “Respuesta a una ornitóloga perdida y confundida entre sus problemas personales y los pericos mexicanos” publicada en su perfil en Facebook, le espetó: “Es lamentable la forma en que has estado procediendo”, para afirmar más adelante que, si se tratara de agredir, “ya te lo dije y te lo recuerdo, te conocemos; tendríamos muchas maneras de atacarte en lo personal, pero no es nuestro estilo”.

A todo esto, mientras algunos ambientalistas debaten, otros se lanzan acusaciones personales; las críticas a Ninfa Salinas y al PVEM han sido mínimas, con lo que son los únicos que ganan. El partido del tucán y las violaciones sistemáticas a la legislación electoral no ha vivido nunca del electorado, sino de la protección que le brinda la clase política y del intercambio de clientelas. El desgaste que les han supuesto sus divisiones internas y el enfrentamiento con otros grupos políticos por el botín del gobierno federal y otros gobiernos estatales los ha dejado enormemente debilitados, y hoy sólo cuentan con el favor del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y algunos actores menores. Por eso, y no por otra cosa, han buscado intervenir en temas ambientales, y siempre lo han hecho con consecuencias catastróficas.

El primer intento fue la prohibición de los animales en circos. Por los errores de la normatividad que impulsaron murió casi un millar de animales circenses -los que se salvaron lo hicieron en el exilio, como explica el escritor Sergio Ramírez, porque el Circo Hermanos Gasca se los llevó a Nicaragua. El segundo intento fue su iniciativa de ley general de desarrollo forestal sustentable, que abrogaría la ley entonces vigente y establecería un régimen autoritario, debilitaría a la sociedad civil y las organizaciones de productores, fortalecería la capacidad de los funcionarios para robar o repartir prebendas, y no serviría para mejorar ni el sector silvícola nacional ni la conservación de los bosques -con todo, fue aprobada por los diputados y está esperando aprobación en el Senado. El tercer intento es éste de Ninfa Salinas para reformar el marco normativo vigente en materia de biodiversidad.

Habemos quienes pensamos que la iniciativa de LGB debería desecharse de plano. Es cierto que tiene grandes aportaciones, como permitir la aplicación en México del protocolo de Nagoya, o corregir algunas provisiones de la normatividad vigente que son demasiado específicas e impiden que las políticas públicas respondan a las necesidades locales. Sin embargo, es tanto lo que hay que corregirle, y negociar con el PVEM es tan difícil, que dudo que se logren verdaderos avances en la materia. Al contrario, los riesgos de debilitar el régimen de protección a la biodiversidad y a las comunidades pesqueras y campesinas es demasiado grande.

Con todo, sé que quienes piensan que sí es posible lo hacen con toda honestidad y compromiso. De la misma forma en que es absurdo negar las aportaciones de Greenpeace a la protección del medio ambiente, es mezquino negar la honestidad con la que muchos compañeros se han sumado a estas iniciativas. Se puede pensar que es un error político trabajar con el PVEM, pero de ahí a dudar de su integridad hay un salto peligroso, y los únicos que ganan mientras los ambientalistas nos disparamos los unos a los otros son los que sí quieren convertir la riqueza natural del país en la riqueza personal de unos pocos hoteleros, mineros y traficantes.


*Director de CyCA, AC (www.cyca.org.mx)


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