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Normando Medina Castro
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 13 de marzo, 2017


El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Toda la semana es propicia para reflexionar sobre el papel que ella desempeña actualmente en nuestro país; hasta qué punto han cambiado las cosas para las mexicanas, a 101 años del Primer Congreso Feminista realizado en Yucatán y a 42 años de aquel junio de 1975 en que se llevó a cabo en la ciudad de México la Primera Conferencia Mundial de la Mujer.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, refiriéndose a la conmemoración de este año, que “a medida que nuestro mundo se vuelve más imprevisible y caótico, los derechos de las mujeres y las niñas se ven reducidos, limitados y revocados”. En ese discurso publicado en la página ONU Mujeres recalcó que es fundamental empoderarlas para que puedan alcanzar todo su potencial. No dejó de reconocer que las mujeres siguen padeciendo, en muchos lugares del mundo, la restricción de sus derechos, misoginia y sexismo, por lo que la igualdad de género es tema central de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

La igualdad de género en México es una meta que ya se vislumbra en algunos estratos sociales porque ya existe el andamiaje jurídico e institucional para el empoderamiento de las mujeres. Su derecho al voto se hizo realidad desde el 17 de octubre de 1953. La igualdad ante la ley es incuestionable, el reconocimiento pleno de los derechos de la mujer, su posibilidad de cursar cualquier carrera profesional son una realidad en nuestro país.

Sin embargo, todavía existen prácticas culturales acendradamente machistas en muchas partes del país y en diferentes circunstancias. El más grave problema de México no son sus leyes y sus instituciones, sino la enorme capacidad de simulación y de hacer de la ley un elemento discrecional.

El problema de México es la falta de respeto a leyes e instituciones, a principios y valores que, incluso, se ponderan públicamente, pero se violan en la práctica cotidiana a la menor oportunidad. Es un problema que se padece en todos los estratos sociales y creencias. A los amigos la ley laxa y blanda. A los enemigos todo el rigor.

El camino recorrido en México hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres tiene muchos logros. Hasta el año pasado, nuestro país ocupaba el séptimo lugar mundial en democracia paritaria por la composición de la Cámara de Diputados, en la que el 42.4 por ciento son mujeres. En los estados y municipios la situación es diferente. Sólo el 9.4 por ciento de los presidentes municipales son mujeres.

Pese a las cifras, leyes, normas, instituciones y demás, la mujer indígena sigue siendo discriminada. En la práctica, la mayoría trabaja en la informalidad. Los feminicidios no han disminuido. La violencia contra las mujeres es también una realidad.

Quintana Roo, en su Poder Legislativo, tiene 11 mujeres y 14 hombres, de un total de 25 integrantes. Hay que destacar que, de los 15 electos por mayoría relativa, ocho son mujeres. Eso podría interpretarse como un reconocimiento a la rentabilidad política de la mujer. De un total de 11 municipios, las mujeres gobiernan cinco, que son Felipe Carrillo Puerto, con Paoli Perera; Tulum, con Romalda Dzul Caamal; Solidaridad, con Cristina Torres; Cozumel, con Perla Tun, y Puerto Morelos, con Laura Fernández. Todos municipios de gran importancia.

En el Ejecutivo estatal, cinco secretarías las encabezan mujeres: Salud, Educación, Desarrollo Económico, Turismo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de la importante Secretaría Particular del gobierno del estado. La presencia de la mujer en el gobierno de Quintana Roo es fuerte, al menos en lo formal, ya que también ocupan subsecretarías y la titularidad de importantes organismos públicos descentralizados y delegaciones federales. La trayectoria que siguieron para su arribo es distinta en cada caso. Ese es otro asunto.

[i]Chetumal, Quintana Roo[/i]


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