Hacer más con menos: reto para el sector ambiental en México

Abelardo Rodríguez
Foto: Twitter @Semarnatcam
La Jornada Maya

Jueves 18 de junio, 2020

En México, entre 2012 y 2017 se identificaron 560 conflictos ambientales entre comunidades y grupos indígenas y sector privado o gobiernos estatales y federal, 16 de ellos en la península de Yucatán y 28 en el estado de Chiapas. Estos conflictos surgen debido al choque entre el bien común y el privado. Hoy día, el hacer más con menos recursos es una meta loable, aunque poco factible.

Datos de Transparencia Presupuestaria del gobierno mexicano revelan que el presupuesto asignado a la Semarnat se redujo a menos de la cuarta parte entre 2009 y 2019. Al interior de la dependencia el monto asignado para protección ambiental, planeación y política ambiental se redujo a menos de la mitad. Las tendencias a la baja contrastan con el incremento presupuestal nacional de casi tres veces entre 2009 y 2019.

En 2006, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) era reconocida por la Semarnat como un proceso participativo y estratégico de apoyo a las decisiones que aseguren que los aspectos ambientales y sociales de la sostenibilidad se tomen en cuenta para la formulación de planes, políticas y programas de desarrollo. La Semarnat y la CFE elaboraron dos EAE en el sector eléctrico en 2011. Académicos de la Universidad Autónoma de Baja California propusieron la inclusión de la EAE en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental en 2012 pero la propuesta cayó en el olvido. Y si alguna vez se determinó que la EAE no era el instrumento requerido para la planeación ambiental estratégica sustentable del país, este análisis se desconoce.

[b]Cinco reflexiones[/b]

Los planes nacionales de desarrollo son planes sexenales que reflejan metas políticas; las nuevas administraciones desechan buena parte de lo que no se pudo concluir durante el sexenio anterior e introducen nuevos emprendimientos, conceptos y enfoques metodológicos. Los ejercicios integradores como el Análisis Estratégico para el Desarrollo de José Luis Calva, en 2012 y 2019, del Consejo Nacional de Universitarios parecen no llegar a los oídos de los administradores públicos.

La priorización de los presupuestos de las secretarías obedece a metas políticas y es claro que el sector ambiental no es prioritario para la presente administración. Se habla del “respeto a la madre naturaleza”, pero no hay evidencia que la Conagua, por ejemplo, con 72 por ciento del presupuesto total de la Semarnat entre 2009 y 2019, asegure el abastecimiento equitativo de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales. Muchos de los conflictos ambientales están relacionados con la cantidad y calidad de agua.

Prevalece la opacidad en la planeación intersecretarial, la priorización de objetivos y la forma de resolver posibles conflictos en sus mandatos.

Inclusión y consultas. La forma en cómo se llevan a cabo las consultas indígenas o ciudadanas inclusivas no debe ser a modo, ni desinformada, y es inaceptable que primero se plantee el proyecto y esperar una respuesta binaria con dinero o prebendas como incentivo para la aceptación de los participantes, de forma similar a los sexenios anteriores en que se acarreaban “voluntarios para avalar procesos democráticos”. Supuestamente, “eso ya se acabó”.

Si no hay suficientes recursos económicos para implementar el mandato de la Semarnat, sería recomendable plantear al ejecutivo la incongruencia entre lo que se desea hacer en el sector ambiental y lo que puede hacer. Si los compromisos adquiridos con sectores económicos dominantes son casi inamovibles y bajo el TMEC el país ha avalado una economía ambiental extractiva en armonía con el consenso de Washington amplificado, es debatible la esperanza de un medio ambiente sustentable.

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Edición: Enrique Álvarez