Ante pandemia, prohíben el libre tránsito en distintos puntos de Yucatán

Texto y foto: Eduardo Lliteras

Jueves 14 de mayo, 2020

Circulaba por la ciclovía que conduce a Conkal desde Cholul, a la altura del llamado “retén sanitario” cuando, a una señal de dos personas que estaban sentadas dentro de una destartalada camioneta del Ayuntamiento de Mérida, un policía municipal y dos personas con tapabocas y guantes corrieron a interponerse en mi camino. “¿A dónde va?”, fue la pregunta a esa hora de la tarde en la que no raramente circulo por esa zona. Cuando dije que sólo circulaba por la ciclovía –y no pretendía ingresar en el poblado- a esa hora prácticamente vacía y que era periodista, el policía se mostró incrédulo, ya que según él, “había sido periodista también”, y los periodistas, según su versión, deben viajar en vehículos con ostentosos logos, para empezar.

Sin afán de discutir más –ya que sólo traía mi credencial de elector y no mi credencial de periodista más reciente- me retiré no sin mencionarles que la pretensión de la alcaldesa de Conkal, de impedir el paso, es inconstitucional.

Cabe señalar, por ejemplo, que la Comisión Federal de Electricidad tiene una oficina y un cajero en la ciudad de Conkal, y que allí suelo pagar la electricidad, por ejemplo, pero ahora, además se forman colas en la carretera de ingreso donde se instaló el retén municipal.

Sin embargo, el problema de los retenes y filtros inconstitucionales se han replicado por gran parte de la geografía municipal, al grado de que han surgido conflictos como ocurrió en San Crisanto, donde habitantes se enfrentaron con dos estadunidenses de la tercera edad que pretendían ingresar en su domicilio ubicado en dicha población, tras retornar de los Estados Unidos a donde habían viajado por el fallecimiento de una hija.

Los vídeos que circularon del hecho, fueron lamentables y preocupantes. El desencuentro entre los habitantes locales y los habitantes extranjeros, cada uno hablando en sus lenguas, llegó al grado de que la anciana estadunidense dio de bastonazos a las cuerdas y ramas interpuestas en su camino, entre gritos y reclamos.

El asunto se complicó al grado de que los estadunidenses solicitaron un amparo contra el alcalde de Sinanché y la comisaría de San Crisanto, para poder ingresar en su hogar.

Dos días después de dicho enfrentamiento, acudí, por carretera hasta San Crisanto. Primero, claro está, pasé el entronque con Chicxulub Puerto. De un lado, los policías estales bajo un toldo rojo, colocado al centro del camellón, sólo miraban. Del otro lado de la carretera, policías municipales detenían a los autos y hacían preguntas a los conductores en medio del camino.

Seguí hacia Telchac Puerto. La carretera lucía prácticamente vacía, con algunos esporádicos autos de lujo de personas que tienen casas en esa zona de la costa.

Al llegar a Telchac Puerto, me encontré la carretera cerrada. Un letrero de metal atravesado sobre la misma carretera, anunciaba: “No hay paso, Ayuntamiento 2015-2018”. La escena se completaba con unos conos rojos, cuerdas y otros objetos colocados sobre el asfalto.

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Una persona vestida de civil, sin gafete o credencial que lo identificase, me preguntó adónde iba y me pidió, para permitirme pasar, mi licencia de conducir.

Como le dije que no se la podía entregar y que no pretendía quedarme en el puerto, tras consultas vía radio, se me permitió pasar, no sin antes fotografiar mi credencial de periodista, mi auto y a mí mismo. Un policía municipal sentado bajo un toldo decoraba la escena.

Tras 15 minutos seguí mi marcha. La carretera de Telchac, estaba vacía. Alguna persona circulaba en bicicleta. Otros miraban desde sus casas con desconfianza. Alguno gritó, molesto.

En San Crisanto, en cambio, el policía sentado bajo el toldo al ingreso de la comisaría simplemente me dijo: “hay paso”.

A la salida del poblado, el asunto se veía más complicado. Un joven con machete merodeaba el toldo abandonado a esa hora de la mañana, colocado sobre la carretera junto con un letrero que prohibía el paso. Sobre el letrero alguien había colocado una cartulina que rezaba: “San Crisanto unido, Dios está aquí hoy”.

Los habitantes y policías me dijeron que los estadunidenses aún no habían podido ingresar en su domicilio. Pero que al parecer lo harían al día siguiente. En todos los ingresos a la playa había cuerdas con trapos rojos. Cuando me detuve a tomar fotos desde mi auto, un grupo de personas –al menos 20- que comían en un predio, me gritan.

Por lo pronto, la Codhey emitió medidas cautelares para varios alcaldes, incluido el de Progreso, advirtiendo que se deben abstener de actos que vulneren o que transgredan derechos humanos, y que principalmente puedan afectar el derecho al libre tránsito, a la legalidad y la seguridad jurídica de los habitantes.

Un día antes, el alcalde Julián Zacarías había anunciado, a través de Facebook, que habría multas y cárcel –además de la obligación de mostrar credencial y carta de trabajo- para quien circulara entre las 19 y las 5 horas. Inclusive a pie.

La realidad, es que los alcaldes y alcaldesas, en un afán de protagonismo político, en algunos casos, y en otros, llevados por el miedo y la ignorancia, se han extralimitado en sus funciones. También por desconocimiento de las atribuciones legales de sus cargos.

El problema, además, ha sido que han azuzado el temor y la irracionalidad con el surgimiento de retenes en los que los ciudadanos y los policías asumen poderes y decisiones que no les competen, con graves riesgos de abusos y actos violentos.

Un caso más, sobre el que llamaron la atención Artículo 19 e Indignación, fue el del presidente municipal de Peto, Edgar Calderón Sosa, quien “vulneró el derecho a la protección de datos personales de un campesino maya fallecido de la comisaría de Xoy (y de sus familiares) al difundir, en una conferencia transmitida a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Peto, el día 30 de abril del presente año, información sensible sobre las causas de su muerte” y la existencia de posibles contagiados de COVID-19 en dicha población.

El gobierno del Estado y el gobernador Vila, hicieron bien en llamar a los alcaldes a ceñirse a la ley y no extralimitarse, antes de que algo más grave, suceda, ya que no han faltado voces de personas amenazando quemar casas de personas enfermas de COVID-19, entre otras bizarras amenazas.

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Edición: Emilio Gómez