Los límites, otra vez a debate

Felipe Escalante Tió
La Jornada Maya

Jueves 5 de marzo, 2020

“Se están haciendo activamente los estudios geográficos necesarios, para definir perfectamente los límites del Territorio de Quintana Roo así como la situación de los islotes adyacentes, con el objeto de poner término a las incursiones de los piratas que frecuentemente se internan en territorio nacional con el fin de explotar los terrenos chicleros. El Gobierno inglés está interesado igualmente en la fijación de estos límites y ha decidido enviar una comisión de peritos geógrafos para que de acuerdo con los mexicanos hagan los estudios del caso. En cuanto queden dilucidados los puntos en que los comisionados no estén de acuerdo, el gobierno mexicano establecerá un servicio de vigilancia en Quintana Roo para evitar los contrabandos y la piratería”.

Así dejaba saber La Revista de Yucatán, en su edición del 24 de agosto de 1923, en una muy breve nota. El problema de las invasiones de colonos beliceños a las selvas mexicanas era añejo. Primero alcanzaron acuerdos con los mayas rebeldes de Chan Santa Cruz para comerciar armas y pólvora a cambio de maderas preciosas, hasta que con la firma del tratado Spencer-Mariscal en 1893 se acordaron los límites entre México y la entonces Honduras Británica, lo que dificultó ese tráfico. Sin embargo, las fronteras entre lo que se definió como el Territorio Quintana Roo en 1901 no quedaron claras. En Yucatán, la oposición a que se creara el Territorio fue intensa, y al menos durante la primera mitad del siglo XX siempre existió la añoranza por “recuperar” la jurisdicción sobre esa extensión.

Varias veces el reclamo de la “reincorporación” encontró eco en el ámbito nacional. Venustiano Carranza la decretó en septiembre de 1914, como también recogió La Revista de Mérida del día 10 de ese mes. La rebelión “soberanista” encabezada por Abel Ortiz Argumedo motivó que se diera marcha atrás en ese decreto. También, en 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio decretó la desaparición del Territorio Federal, repartiendo la jurisdicción entre Yucatán y Campeche, modificación que duró apenas cuatro años. Desde 1935 no se ha vuelto a hablar de “reincorporación” más que por personas en extremo localistas; pero los reclamos por parte de los grupos políticos locales han seguido y seguirán mientras se quiera buscar una solución jurídica y no una por la vía técnica y judicial.

[b]Una franja de tierra[/b]

El actual conflicto limítrofe entre los tres estados peninsulares es un capítulo más de la inconformidad que por el mismo motivo se dio hace 45 años a raíz del reconocimiento de Quintana Roo como estado, por decreto del presidente Luis Echeverría. Yucatán pretendió entonces promover una controversia constitucional, lo cual no se pudo porque no existía el mecanismo, al no existir entonces una ley reglamentaria del artículo 105 constitucional. El asunto, en lugar de ser jurídico, se volvió político. Desde entonces, ninguna de las tres entidades coincide en las coordenadas en las que se ubica el llamado “Punto PUT”. Es decir, a nivel constituciones locales, ningún estado reconoce los límites con los otros dos.

El tema revivió casi al finalizar el milenio pasado, con la erección del municipio de Calakmul, en Campeche. Entonces sí, Quintana Roo promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional número 9/97, en la que Yucatán fue tercero afectado. De ahí siguió la 13/97, de Quintana Roo contra Yucatán y Campeche como tercero interesado.

Parte del procedimiento fue una diligencia de inspección ocular. Una comisión que encabezó el magistrado Pablo Monroy, con representantes de los tres estados, recorrió varios puntos limítrofes, incluso se ubicó el Rancho Put y el punto cerca de Put que suelen mover las pasiones más localistas. El expediente final tuvo más de 30 mil hojas. Sin embargo, la resolución jamás llegó a votarse y el asunto fue sobreseído.

[b]Movilización ¿para qué?[/b]

Que el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, afirme que daría la vida por defender el territorio campechano, y además convoque a los alcaldes de su entidad para exhortarlos a organizar movilizaciones y bloqueos a obras del gobierno federal, resulta contrario a su investidura y refleja carencia de argumentos jurídicos. Que el diputado quintanarroense, José Luis Chanito Toledo, amague con declararlo persona non grata en Quintana Roo, tampoco contribuye a que se solucione el conflicto limítrofe y sí le da espíritu de farsa al asunto. Hay gente que la ha hecho mucho más daño al estado más joven del país, y a ellos no les pasa nada. Lo que han exhibido ambos es que ninguno es “peso pesado” para el debate que se necesita sobre el tema.

Porque nadie parece anticipar que la controversia constitucional corre en tiempos de la SCJN, no se regirá por el calendario electoral. Pero sí será necesario que en algún momento los tres estados en conjunto requieran que esta ocasión sí se vote un resolutivo, el cual seguramente obligará a modificaciones en las tres constituciones locales para que cada estado reconozca la misma ubicación del Punto de Unión Territorial.

Posiblemente será necesaria otra diligencia de inspección ocular. Si así ocurre, ésta sería mucho más observada que la anterior, dadas las posibilidades que se tienen hoy día en cuanto a creación de documentos digitales, videos y transmisión vía Internet. Hay más formas de dar a conocer las ubicaciones y la realidad de esa franja de territorio en disputa.

Pero más gritos y sombrerazos son síntoma de que nuestros gobernantes tienen los ojos todavía en los viejos mecanismos de compra y coacción del voto en esas zonas limítrofes, que suelen ser también las más pobres y en las que resulta fácil promover el “turismo electoral”; donde existe clientela, no ciudadanía, y donde habita un pueblo peninsular que no ve fronteras entre estados hermanos.

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