En medio de la disputa judicial en torno a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada a principios de mes, el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos en la que se plantea como un imperativo el fortalecimiento de las empresas estatales de energía Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) “como garantes de la seguridad, así como de la soberanía energética y la palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”.
En alusión a eventos como las heladas que el mes pasado azotaron al sur de Estados Unidos y norte de México, la iniciativa señala que “la escasez, el desabasto y las interrupciones en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos son riesgos a la seguridad energética que podrían afectar gravemente a la estabilidad del país”.
Circunstancias como la referida dejaron claro que las instancias del mercado no poseen la ética, la voluntad ni la coordinación para garantizar el acceso a la energía en “casos excepcionales, no atribuibles a los permisionarios”, y en este sentido se ha vuelto evidente la importancia estratégica de dotar al Estado de mecanismos que suplan las falencias de la iniciativa privada.
El punto central del texto enviado por el Ejecutivo, que con seguridad está llamado a verse envuelto en mayores polémicas, responde a esa necesidad con la propuesta de facultar a la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender permisos otorgados a empresas privadas en actividades relacionadas con tratamiento y refinación de petróleo, así como procesamiento de gas natural y exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, cuando exista un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Por último, cabe mencionar un punto de la iniciativa que tendría un impacto positivo inmediato para los ciudadanos: la revocación de permisos a los distribuidores de gasolinas, diésel y gas que despachen cantidades menores a las que pagan los consumidores.
En suma, se trata de avanzar en el cumplimiento del compromiso de campaña del mandatario en cuanto a revertir la Reforma Energética con que el gobierno de Enrique Peña Nieto –acompañado por los partidos comparsas del Pacto por México– consumó el desmantelamiento de la industria nacional y la entrega de este sector estratégico a la rapiña de las empresas privadas.
Apenas inicia el recorrido legislativo de la nueva Ley de Hidrocarburos, pero está claro que su aprobación en el Congreso y su posterior promulgación, resultan de urgencia para la recuperación de la soberanía energética, para garantizar la seguridad en la materia y para hacer de este sector una palanca del desarrollo nacional.
Edición: Emilio Gómez
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