Se espera que hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita su resolución final e inatacable respecto a la cancelación de registros de candidatos a cargos de elección popular (la gran mayoría, de Morena) que no entregaron reporte de gastos de precampaña o lo hicieron de manera defectuosa o extemporánea.
La mayor atención estará centrada en los casos de dos aspirantes de Morena a gobernar estados: Raúl Morón en Michoacán y Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Según versiones que ayer se hicieron circular entre algunos periodistas, el proyecto de dictamen, que será sometido a votación del pleno del TEPJF, contemplaría devolver la candidatura a Morón y el candente expediente de Salgado Macedonio al Instituto Nacional Electoral (INE), para que analice de nuevo la gravedad de la falla partidista y decida si retira o no la candidatura al guerrerense, que está en pie de guerra y ha llegado a advertir que de no estar él en la boleta no habría comicios en la entidad y que, de negarle el registro, el INE se caería.
La decisión que tome el tribunal electoral (dividido en dos bandos de magistrados, uno de ellos muy alineado con los criterios de Palacio Nacional) marcará el futuro de la áspera contienda en curso. Además, dará material para posicionamientos presidenciales en las conferencias mañaneras.
No sólo se está en presencia de un pulso entre la legalidad a secas y la realidad partidista apasionada y presionante sino, sobre todo, entre la funcionalidad y fuerza decisoria del INE y la voluntad interventora del ocupante de Palacio Nacional. Un duelo sumamente trascendente.
En su conferencia de prensa mañanera, el Presidente de la República informó que la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, “tiene un asunto familiar; se le presentó un problema familiar y tiene que dejar la Conagua, tiene que dejar el país”, así que “como le tenemos mucha confianza y es una mujer preparada, de primer orden, va a ser propuesta, para que el Senado decida, como embajadora en Francia”.
El presidente insistió en que el movimiento en Conagua no se debe a incapacidad de la saliente Jiménez, aunque el anuncio del cambio se produjo cuando se le mencionó que cuatro subdirectores de esa comisión piden audiencia con él para buscar corrección a la “pérdida de credibilidad y efectividad” en ese organismo desconcentrado de la Semarnat.
Por lo pronto, la especialista en asuntos del agua, ingeniera ambiental e integrante nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, pero con nula experiencia diplomática, es propuesta para ir como embajadora a una de las plazas de mayor realce en el esquema de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De ser aprobado su nombramiento en el Senado, sustituirá a Juan Manuel Gómez Robledo, quien estudió su licenciatura y dos maestrías en París y es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1988.
En lugar de Blanca Jiménez quedará en Conagua Germán Martínez. Para evitar equívocos, el propio Presidente advirtió: “Hay dos Germanes Martínez”. El que irá a Conagua tiene como segundo apellido Santoyo y fue director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México cuando AMLO fue jefe de Gobierno. El otro es senador a nombre de Morena y tiene como segundo apellido Cázares. Fue presidente nacional del PAN y calderonista del primer círculo, y mantiene una independencia de criterio que, por ejemplo, le llevó ayer a firmar, junto con los opositores al obradorismo, la solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la reforma eléctrica promovida por el político tabasqueño. Lo del agua, al agua.
Y, mientras Alejandro Gertz (FGR) ha solicitado a un juez que imponga prisión preventiva justificada al ex senador panista José Luis Lavalle, en el contexto de los señalamientos de Emilio 'L', ex director de Pemex, de actos de corrupción que alcanzarían a decenas de políticos y ex funcionarios, ¡hasta el próximo lunes!
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Edición: Emilio Gómez
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La Jornada
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