Conflictos en el poder electoral

Son siete los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dicha sala es la última instancia jurisdiccional en materia electoral que conoce y resuelve en forma definitiva e inatacable las controversias electorales presentadas por ciudadanas y ciudadanos, candidatas y candidatos, partidos y demás actores políticos.

Pues bien, cinco de esos magistrados electorales reprocharon, en una carta hecha pública, que el presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, haya pospuesto por decisión unilateral la sesión que estaba citada para ayer, en la que habrían de abordarse, entre otros, los casos de las candidaturas en suspenso del michoacano Raúl Morón y el guerrerense Félix Salgado Macedonio, además del también espinoso asunto de las medidas para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Con una retórica abiertamente crítica, los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata, Indalfer Infante, Reyes Mondragón y Janine Otálora (sólo faltó Mónica Soto, a quien se considera cercana al impugnado Vargas Valdez) le señalan al magistrado presidente: “no alcanzamos a apreciar las justificaciones por las cuales se difieren las sesiones referidas, pero consideramos que ello implica trastocar principios constitucionales que es nuestra responsabilidad guardar, tales como la certeza, transparencia y seguridad jurídica”.

Las incidencias en la cúpula del Tribunal Electoral tienen como telón de fondo la inconformidad interna con el comportamiento del citado presidente Vargas, quien ha hecho un extraordinario esfuerzo para mostrarse alineado con los intereses de Palacio Nacional.

Posponer la sesión del TEPJF citada para el jueves, como lo hizo el citado Vargas, casi a las 10 de la noche del miércoles, por decisión personal y sin plena justificación jurídica, significó en lo práctico la cesión de un tiempo valioso para la normalización del proceso electoral y, sobre todo, para el aumento de las presiones y negociaciones sobre los temas polémicos a resolver y que, según los reportes previos, implicarían la validación del criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y la negativa a devolver la candidatura a gobernador a Félix Salgado Macedonio.

Como puede verse, el poder electoral está envuelto en conflictos: Palacio Nacional y Morena mantienen en la mira al INE y en especial a la dupla que consideran malévola, integrada por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y cinco de seis magistrados posibles (el séptimo es el presidente al que acusan) manifiestan rechazo a los desfiguros, rayanos en el servilismo, de Vargas Valdez hacia el Poder Ejecutivo Federal.

Aun cuando no le corresponde lo electoral, pues para eso está el tribunal expresamente dedicado a ese tema, el Poder Judicial Federal también está en un proceso de reconfiguraciones que pueden resultar positivas o negativas, con el ministro Arturo Zaldívar en vías, a la hora de cerrar esta columna, de quedarse dos años más en la presidencia de la Corte y la Judicatura gracias a un altamente polémico artículo transitorio presentado a última hora en el Senado e impulsado con denuedo por el morenismo y sus aliados durante miércoles y jueves en San Lázaro.

Al campo de batalla ha de agregarse el apercibimiento hecho ayer por el INE al Presidente de la República “por posible desacato a medida cautelar”, luego de lo cual podría darse una amonestación pública al habitante de Palacio Nacional si insiste en hacer propaganda gubernamental o referirse a temas electorales durante las conferencias mañaneras, según la postura del citado instituto.

Y, mientras la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, ha pedido al diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona que pida licencia o el propio partido gestionará su desafuero, luego de haber sido detenido en circunstancias indicativas de abuso sexual contra un menor de edad, ¡hasta el próximo lunes!

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Edición: Emilio Gómez