Sabotaje a la democracia

Más que una acción legal, las resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y su confirmación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en torno a la distribución de las representaciones plurinominales legislativas y la cancelación de candidaturas a Morena, por inéditas debido a su falta de actuaciones semejantes en los gobiernos neoliberales, parecen un acto de provocación, tal como las calificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A todas luces, la actuación del INE y el TEPJF ha sido y es adversa a AMLO y a Morena, el organismo político que llevó al poder por voluntad del aplastante voto mayoritario de los mexicanos al mandatario. Simplemente es impensable que INE y TEPJF se opusieran, no digamos a la voluntad popular, sino a los deseos de cualquiera de los presidentes de México priístas y panistas que contaron siempre con la mayoría requerida para imponer sus visiones e intereses  modificando la Constitución y demás leyes a la conveniencia de las cúpulas.

Cuando López Obrador dio a conocer en su mañanera del 9 de junio de 2020 el documento interno de sus enemigos de la derecha conservadora Rescatemos a México, agrupados en el Bloque Opositor Amplio, varios de los mencionados se rasgaron las vestiduras, pero prácticamente todos los puntos del escrito se han venido desarrollado de manera puntual. Fue ampliamente difundido por lo que es fácil encontrarlo y consultarlo.

Además de las permanentes campañas mediáticas en contra de AMLO, el recurrente cabildeo con los Estados Unidos, el sabotaje contra las acciones del gobierno mexicano y un largo etcétera de ataques que terminan siendo contra nuestro país, el documento del BOA menciona el papel importante que juega para sus intereses la actuación de los Consejeros del INE. Los hechos le han dado la razón.

A toda costa, el INE y el TEPJF pretenden impedir que el presidente López Obrador y su partido Morena obtengan mayoría en el Congreso de la Unión. No pueden ignorar que en el Capítulo I, Artículo 39 de la Constitución, se establece el principio fundamental de nuestra sociedad como país: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Las cartas ya fueron echadas. La cancelación de candidaturas por no reportar gastos de precampaña inferiores a 20 mil pesos, es totalmente desproporcionada y sin precedente de esos mismos consejeros que además pretenden conformar la legislatura bajo el cobijo de una pluralidad que nada tiene que ver con la democracia, porque querer imponer los intereses de las élites opulentas por encima de la voluntad del pueblo, no es democrático.

En lo local

La jetatura, más que el liderazgo, del Partido Verde Ecologista de México, ha quedado evidenciada, compartida por Jorge Emilio González y su socio el ex gobernador Félix González Canto, quien ha intervenido en el escándalo en el que están envueltos el novel diputado, Gustavo Miranda García, y su madre, Erika García, por un entramado que involucra instancias de gobierno para operar millonarios despojos inmobiliarios en el norte turístico de Quintana Roo. ¿Intervendrá también en la disputa de Mara Lezama y Maribel Villegas? En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

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Edición: Laura Espejo