El presidente de México, en su carácter de explicador de los resultados electorales de este domingo y, en particular, de lo relacionado con Morena y su repercusión en los gobiernos, deslizó ayer en su conferencia matutina de prensa la posibilidad de buscar acuerdos con próximos diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para impulsar reformas especiales que requieran una mayoría calificada de votos que, en la próxima Legislatura, será más difícil de alcanzar que en la actual saliente.
En los hechos ya se han dado ese tipo de acuerdos entre Morena y PRI en el trienio legislativo que está por concluir. En momentos complicados, el partido tricolor ha colaborado con el guinda para que éste consiga los votos necesarios en esas coyunturas. Dulce María Sauri y Rubén Moreira han sido personajes relevantes en esos arreglos.
Ahora, dado que el PRI forma parte de una coalición con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que pretende pasar de lo electoral a lo legislativo, el anzuelo andresino ha sido oficialmente rechazado por la mencionada trinidad, aunque el dirigente priísta, Alejandro Moreno, se ha mostrado interesado en aceptar la invitación particular: la alianza con PAN y PRD, ha dicho Moreno, “no deja de lado que el PRI tenga agenda propia” y se pueda sentar “a dialogar con el Presidente de la República y el gobierno federal”.
Además, defendió el autodenominado Alito, en el PRI “como lo hemos dicho, dialogamos con todos, diálogo en lo público con todos, acuerdos en lo oscuro con nadie, todo de cara a la sociedad”. Mmm. Tan temprano y ya está la facción priísta de Alito aceptando flirteos morenos que pueden provocar celos o enojos panistas y perredistas. Pero, bueno, la realidad es que el partido más derrotado de este domingo ha sido el PRI (del PRD, ni hablar) y a Alejandro Moreno, en riesgo de ser botado de su cargo, no le quedan muchas opciones.
Ayer volvió a asomar al hervidero mediático y político el virtual vicepresidente del sexenio peñista, Luis Videgaray Caso. La Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años para ocupar algún cargo público, a causa de cuentas bancarias que omitió reportar durante años en sus declaraciones patrimoniales.
El inhabilitado, a quien poco ha de importar en términos laborales tal prohibición, se defendió al adjudicar tales omisiones a tarjetas de crédito cuyos saldos no estaban disponibles a la hora de llenar los formatos del caso. La oficina a cargo de Irma Eréndira Sandoval precisó que sí eran cuentas bancarias, que sí había saldo a la hora de las declaraciones patrimoniales y que fue reiterada esa conducta omisa.
La colocación de Videgaray en escena se produce cuando se está pasando de la obra electoral a la relacionada de manera diluida con los ex presidentes de la República. El 1º de agosto se realizará una desproveída consulta ciudadana para preguntar si se está de acuerdo en efectuar “acciones pertinentes (...) para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Con que no vayan a decir que el caso de Luis Videgaray, con sus tarjetas de crédito, será el máximo nivel de “esclarecimiento”, mientras Peña Nieto, Calderón y Fox continúan en el disfrute.
Y, mientras los críticos de AMLO suman al catálogo de frases polémicas la siguiente: “Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos; se portó creo que más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados”, ¡hasta mañana, en espera de que se vayan conociendo los detalles de las políticas ya esbozadas ayer por Kamala Harris: “defensa de derechos de trabajadores” mexicanos, colaboración para búsqueda de desaparecidos, acciones conjuntas contra polleros y apoyos económicos para el sur mexicano, entre otros “apoyos”!
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Edición: Ana Ordaz
Condena AMLO prácticas injerencistas de EU
La Jornada
Se prevé que la polémica medida de los legisladores estadunidenses enfrente impugnaciones legales
Ap
