Más de 30 mil personas participaron en la Marcha del Orgullo por la Diversidad Sexual en la Ciudad de México, que este año volvió a las calles después de cancelarse en 2020 a causa de la pandemia. Como suele ocurrir en esta manifestación de rechazo a la homofobia, los jóvenes representaron el grueso de la concurrencia, pero también se dieron cita veteranos de la larga lucha por el reconocimiento de la diversidad y el fin de la discriminación institucional y social.
Mucho ha cambiado desde que las personas que no se identifican con la sexualidad hegemónica decidieron por primera vez reclamar sus derechos a finales de los años setenta: de ser violentamente reprimidos por la fuerza pública e ignorados o estigmatizados por la sociedad, hoy han ganado el espacio público para hacer oír sus reclamos. Asimismo, se ha elevado a rango constitucional la prohibición de discriminar por género, preferencias sexuales o cualquier otro motivo, y a raíz de este precepto contenido en la Carta Magna se ha sentado jurisprudencia para que las autoridades de los tres niveles de gobierno armonicen todas las disposiciones y normativas a fin de garantizar el goce de todos los derechos. Estas transformaciones se reflejan incluso en la concepción de actos reivindicativos como la Marcha del Orgullo: si en un principio apelaba únicamente a la homosexualidad –a lo gay–, posteriormente se convocó a nombre de las personas LGBTTTIQ+ –Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer–, y hoy se adoptan las denominaciones “LGBTI+” o “Diversidad sexual” para dar cabida a todas las expresiones.
Lamentablemente, estos avances quedan oscurecidos por las inercias que siguen atentando contra la identidad, la integridad e incluso la vida de las personas sexualmente diversas. Así, sólo 11 entidades han cumplido su obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el matrimonio igualitario, mientras 14 han establecido obstáculos que suponen un calvario burocrático y jurídico para quienes desean vincularse legalmente. A esta violencia institucional se suman todo tipo de violencias simbólicas articuladas desde los medios de comunicación, las redes sociales, así como ciertas jerarquías religiosas y organizaciones de la sociedad civil con vínculos o simpatías hacia ellas. La normalización de la intolerancia por parte de los sectores conservadores alimenta formas extremas de odio que desembocan en ataques físicos no pocas veces letales: de acuerdo con la organización Letra S, en 2019 fueron asesinadas 117 personas LGBTTTIQ+, con un particular ensañamiento contra las mujeres trans, quienes fueron más de la mitad de las víctimas.
En suma, expresiones como la marcha de ayer son una señal alentadora de que sectores crecientes de la sociedad cobran conciencia acerca del respeto que merecen todos los seres humanos, pero queda mucho trabajo por delante para hacer de México un país donde las personas puedan gozar plenamente de sus derechos y vivir libres de cualquier forma de violencia a causa de su identidad u orientación sexual. En esta tarea, las autoridades deben velar por la vigencia de las leyes y sancionar todo discurso o conducta discriminatoria.
Edición: Emilio Gómez
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