Con la Corte encima

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prohibición absoluta, contenida en la Ley General de Salud, del uso lúdico de cannabis y THC (tetrahidrocannabinol). Esta decisión ya se había dado en cuatro ocasiones, desde 2015, y por lo tanto se conformó jurisprudencia obligatoria, por lo que inició el proceso de inconstitucionalidad, quedando en manos del Congreso de la Unión hacer las modificaciones correspondientes en un plazo de 90 días. 

El periodo previsto ya venció, por lo que el Pleno de la SCJN determinó que debían invalidarse las menciones en la Ley General de Salud en las que se establecía que la Secretaría de Salud únicamente podría autorizar la realización de actividades relacionadas con el autoconsumo de mariguana “para fines médicos y científicos”. La decisión, indica la SCJN en un comunicado, abre la puerta a que la Secretaría de Salud autorice “las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC -como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar-, con fines recreativos, respetando de esta manera el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

La Corte igualmente anunció que este 7 de julio deberá resolver, en el expediente de amparo 413/2020, interpuesto por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, si el Congreso de Yucatán violó derechos humanos al proceder a una votación secreta en el tema del matrimonio igualitario.

Sin duda, esta decisión del Pleno de la SCJN será la principal evaluación del desempeño para la actual legislatura, junto con la votación para diputados del pasado 6 de junio. Ahora, también será una dura prueba para quienes insisten en no admitir el matrimonio igualitario en las leyes de la entidad y en tratar como personas de segunda a las parejas homosexuales, negándoles el derecho a hacer una vida como la de cualquier otra pareja.

Ya sin ningún peso real en el Congreso, las legisladoras Milagros Romero Bastarrachea y Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, llamaron a la Corte a resolver en contra del Legislativo yucateco en los amparos 413/2020, 27/2021 y 25/2021, que refieren al mismo tema. No faltará quien quiera ver en este episodio a dos “colaboracionistas” que pretenden que la SCJN aseste un golpe a la legislatura saliente. Sin embargo, cuando los ministros resuelvan, el tema será una papa caliente para quien quiera que ocupe las curules estatales.

La jurisprudencia de la Corte en el tema del matrimonio igualitario ya obligó a congresos, como el de Sinaloa, a modificar sus leyes para que la figura del matrimonio se entienda como la unión de dos personas, independientemente de su sexo. Eventualmente, Yucatán deberá hacer lo propio.

Es previsible que habrá protestas airadas contra la SCJN en caso de un previsible fallo en contra del Congreso de Yucatán, pero no es deseable exacerbar las manifestaciones que se den. La historia local está plagada de episodios narrados como intervenciones del Centro en contra de la soberanía estatal, y por consiguiente de actores políticos que han pretendido aprovecharse de esa narrativa. Lo malo es que estas facciones terminan por proceder en contra precisamente de la imagen que la entidad, y especialmente el actual gobierno, han promovido para el exterior; un Yucatán abierto a la influencia de personas de otros lugares y atractivo a los capitales foráneos gracias precisamente a que se respetan las diferencias.

Edición: Laura Espejo