A un mes de los comicios más abundantes en cargos a designar y en potencial de votantes, la coalición partidista opositora a Morena demanda la anulación de los procesos para elegir gobernadores en Campeche, Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí.
Los presidentes de las agrupaciones coaligadas ("Va por México", su nombre oficial) presentaron sus argumentaciones en cada uno de los casos que les son de particular interés: Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enderezó sus baterías contra la morenista Layda Sansores, quien ganó en Campeche a Christian Castro Bello, sobrino del propio Moreno (quien es saliente gobernador con licencia de esa entidad); Jesús Zambrano se fue contra el morenista Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, donde el perredista Silvano Aureoles pasa sus últimas semanas en el poder acompañado en imágenes por un banquito verde, y la acometida contra el dominante partido guinda se cierra en Guerrero con las denuncias contra Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio.
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Acción Nacional, por la vía de su dirigente, Marko Cortés, centró sus exigencias en el caso de San Luis Potosí, donde formalmente ganó el Verde Ecologista de México (PVEM), aunque en realidad todo fue una maniobra de pago por los servicios políticos prestados por Ricardo Gallardo Cardona a Morena en la cámara federal de diputados (pago parecido al hecho al impresentable Miguel Barbosa, entonces senador, para convertirlo en gobernador de Puebla).
El panismo denuncia un comprobado rebase de gastos de campaña, el uso de influencers de redes sociales, el extravío de 8 mil 814 boletas electorales y la muy extraña y sugestiva existencia de dos formatos distintos de actas.
Eduardo Martínez Benavente, notario público y analista político, asegura que en SLP se vivió la “consumación de un fraude en el que se utilizó a los funcionarios identificados del Partido Verde para manipular los votos”. Con base en una investigación periodística, señaló que en los distritos locales V y IX (donde hubo una ventaja extraordinaria de votos para el verdemorenista Gallardo) hubo “casi 500 funcionarios de casilla afiliados al Verde Ecologista” y demandó esclarecer si “fueron originalmente designados o insaculados como funcionarios en esas casillas o, por la ausencia de los designados, tuvieron que sustituirlos con estos funcionarios verdes”.
Las demandas de anulación en esos cuatro estados deben ser procesadas en el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. En caso de que procediera alguna anulación, los congresos estatales deberían nombrar un gobernador interino y convocar en el corto plazo a nuevas elecciones.
Conforme a los escasos antecedentes judiciales en la materia (anulación de elecciones de gobernador ha habido en Tabasco y en Colima, como casos especiales), parecería difícil que se anularan tales procesos, pues los juzgadores tienden a mantener hechos consumados, si acaso con sanciones económicas o amonestaciones, y a evitar “alteraciones” de la paz pública al tumbar a candidatos y partidos que ya se consideraran ganadores de las contiendas.
Sin embargo, las demandas de anulación en cuatro estados constituyen un platillo sumamente tentador para facciones del poder electoral (los consejeros y magistrados antiobradoristas del INE y el TEPJF) que se sienten amenazadas en su continuidad en los cargos y, desde luego, para los grupos del poder empresarial y mediático que buscan a toda costa mermar la cosecha electoral de Morena.
Y, mientras hoy se realiza la segunda emisión del “Quién es quién en las mentiras de la semana”, ejercicio de enjuiciamiento y denuncia de piezas periodísticas falsas que en su inauguración mañanera contó con equivocaciones, imprecisiones e improvisación, características que es de esperarse sean suprimidas para que los desmentidos sean contundentes por sí mismos, sin necesidad de retórica, ¡hasta mañana!
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Edición: Ana Ordaz
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