Estados no recaudan, pero sí piden

En su análisis del avance de la gestión financiera 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que en la última década, la deuda pública de los estados se duplicó, al pasar de 314 mil 664.5 millones de pesos a 637 mil 274.6 millones. Entre las entidades que vieron un deterioro en sus finanzas, destacan Zacatecas, Campeche, Morelos, Coahuila, Yucatán y Chihuahua, las cuales aumentaron su endeudamiento entre 165 y 718 por ciento en 10 años. Si se considera sólo la situación actual frente al cierre de 2020, 23 entidades disminuyeron sus pasivos y sólo nueve los incrementaron, rubro en el que Guanajuato entregó las peores cuentas con 11 por ciento de aumento real.

De acuerdo con el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, este nivel de endeudamiento, que “compromete los ingresos de que podrían disponer los gobiernos locales”, se explica por la contratación de créditos para amortiguar los efectos de la crisis global de 2008-2009, por el déficit en las finanzas públicas y por “un limitado esfuerzo fiscal”, es decir, porque hay una baja recaudación en los ingresos propios de los estados.

En esto coincide la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, quien, entrevistada por este diario, señaló que la fuente primordial de ingresos de las entidades subnacionales a escala mundial es el impuesto predial, pero en México no se cobra con eficiencia este tributo, ni los correspondientes a derechos de agua o sobre nómina. La apatía recaudatoria de estados y municipios es tal que algunos de ellos no aportan con recaudación propia ni siquiera uno por ciento de sus gastos.

Esta desidia por parte de autoridades estatales y municipales en allegarse los recursos requeridos para el correcto cumplimiento de sus funciones, contrasta con la insistencia, mostrada por no pocos de ellos en exigir al gobierno federal incrementos en sus participaciones. Asimismo, resulta chocante que los gobernadores se muestren tan remisos en la recaudación, cuando ellos mismos tienen tan clara la urgencia de contar con liquidez para cubrir ya no grandes proyectos, sino incluso obligaciones tan elementales como el pago de la nómina y las pensiones.

En este contexto es que deben leerse dos recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la primera, emitida desde Palacio Nacional, el mandatario apuntó que modificar la ley de coordinación fiscal para entregarles más dinero a los estados sería fomentar que continúen robando, y recomendó a los gobernadores gastar con austeridad y combatir la corrupción. Mientras que ayer, en la capital michoacana, el presidente anunció que la Federación se hará cargo de la nómina magisterial para poner fin al conflicto abierto por la irresponsabilidad del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Si al eufemísticamente llamado “limitado esfuerzo fiscal”, se suma el derroche y la frivolidad que han sido norma en el ejercicio del gasto público por parte de algunos gobernadores, así como los casos de franca corrupción denunciados o sospechados, resulta fácil entender por qué la deuda de las entidades federativas ha crecido de forma desmedida y peligrosa para el conjunto de la hacienda pública. Cabe esperar que, sin distingo de partidos, gobernantes estatales y locales asuman la tarea de sanear las finanzas de las entidades a su cargo, para lo cual es menester que dejen atrás lujos e irregularidades, pero también que tomen las acciones pertinentes para recaudar los recursos legalmente a su alcance.

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Edición: Emilio Gómez