La intensa discusión pública, la resistencia social en San Luis Potosí e incluso el involucramiento del presidente López Obrador en el tema, en una conferencia mañanera de prensa de finales de julio, se hubieran evitado si la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y el comisionado nacional para Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Roberto Aviña Carlín, hubieran hecho medio año atrás lo que terminaron haciendo ahora: anular el oficio DGCD/250/2021 en el que oficial e indudablemente se habían declarado “excluidas” mil 805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, donde con toda anticipación y prepotencia se había anunciado la construcción de un desarrollo residencial llamado Las Cañadas.
El 4 de junio del año en curso, César Sánchez Ibarra, director general de Conservación para el Desarrollo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), organismo descentralizado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), firmó y dio a conocer el citado oficio DGCD/250/2021, mediante el cual se establecía jurídicamente la decisión de declarar área natural protegida toda la sierra en mención, excepto las mil 805 hectáreas codiciadas.
El autor de las presentes líneas denunció tal hecho formal de la autoridad, tanto en sus cuentas de Internet como en esta columna y en espacios electrónicos. En revire, la temblorosa sección mañanera denominada “Quién es quién en las mentiras”, lo acusó tres veces de mentiroso y difundió enredados alegatos burocráticos para tratar de deslegitimar el señalamiento periodístico.
El 28 de julio fueron presentadas en la mañanera las pruebas correspondientes, con amplitud de datos en firme. Un día antes, la secretaria Albores había dado una entrevista de prensa para negar la “exclusión” de las mil 805 hectáreas, ¡acompañada, para que hiciera declaraciones, del mismo funcionario, Sánchez Ibarra, el firmante del oficio ahora anulado y al que se declara “incompetente” y autor de una “violación legal"!
Pues bien, este 24 de noviembre, aunque ha sido notificado a los interesados en el presente mes, el comisionado de la Conanp, Aviña Carlín, a través del oficio F00/0217/2021 informó la anulación del documento de la discordia, el firmado seis meses atrás por Sánchez Ibarra. Ahora resulta que fue un “acto administrativo expedido por un servidor público sin atribuciones para tales efectos (incompetente)”.
En pocas palabras, se asegura que el director general Sánchez Ibarra no informó a su superior inmediato, Aviña Carlín, de su determinación de excluir las hectáreas en mención (y, claro, ha de suponerse generosamente que de ello no se enteraron Albores ni Aviña Carlín sino hasta este 24 de noviembre).
El comisionado Aviña Carlín hace señalamientos graves, de índole delictiva: “En ese orden de ideas, se concluye que el oficio DGCD/250/2021, de 4 de junio de 2021, violenta la ley que lo rige (...) contraviniendo el interés público al seguir surtiendo efectos, a pesar de haber sido emitido por servidor público carente de facultades para ello”.
Lo hecho por Sánchez Ibarra es un acto insostenible en tanto no respeta “los ordenamientos legales que lo rigen y de los cuales emana”. Al sostenerlo, “se estaría perpetuando un acto violatorio de la ley”.
Pero ¿hasta ahora se enteraron Albores y Aviña Carlín de todo esto que tuvo amplísima difusión pública desde finales de julio? ¿Habrá sanción para Albores, Aviña y Sánchez Ibarra? ¿Cuántas violaciones legales similares son cometidas en un país en crisis ambiental agravada por la corrupción? ¿Reconocerá públicamente la sección “Quién es quién en las mentiras” que en este caso mintió?
Y, mientras Porfirio Muñoz Ledo agrega a su muy versátil cuaderno de bitácora el Movimiento Ciudadano de timón reasumido por el políticamente dantesco Delgado, aunque haya sido sólo para un asomo con medalla que sirvió para más críticas al obradorismo, al que PML elogiaría si algún guinda boleto de viaje tuviera, ¡hasta mañana!
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Edición: Emilio Gómez
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