La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que en un plazo que no podrá exceder de tres horas realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de la conferencia de prensa matutina efectuada el pasado lunes 21. La orden se da porque durante el acto el mandatario y otros funcionarios difundieron “actividades gubernamentales vinculadas a los logros y acciones del gobierno, como lo es la apertura y funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, lo que, a juicio de los funcionarios del instituto, constituye difusión de propaganda gubernamental “en periodo prohibido, es decir, durante el proceso de revocación de mandato”.
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El martes, la Subdirección de Procedimientos Administrativos Sancionadores de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del mismo INE aprobó medidas cautelares dirigidas a la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, por publicar en sus redes sociales mensajes que el organismo también decidió clasificar como propaganda electoral. En respuesta, la gobernante informó que acatará la instrucción, pero la impugnará al considerar que el organismo es “parcial y excesivo una vez más”.
Lejos de suponer incidentes aislados, las disposiciones contra los titulares del Poder Ejecutivo federal y de la Ciudad de México son las muestras más recientes del sistemático empeño del organismo comicial para acallar las voces de los miembros del partido gobernante y tergiversar las leyes a fin de anular su libertad de expresión. El hecho de que se trata de una andanada facciosa y no de una aplicación de la ley que el INE debe salvaguardar se hace evidente desde el momento en que este celo por perseguir la presunta propaganda política se ejerce únicamente contra el mandatario y sus correligionarios, mientras la autoridad electoral se desentiende por completo de las expresiones y comunicaciones de partidos y personas de oposición.
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Resulta preocupante que se configure un fenómeno de censura, en el cual se prohíbe la difusión de puntos de vista sin más motivo que las fobias y filias ideológicas y los intereses de grupo de la tecnocracia enquistadas en los órganos electorales, y es particularmente lamentable que las instituciones desde las que se articula y convalida dicho ataque a la libertad de expresión sean el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichas instancias, que deberían ser las principales guardianas de la democracia y de las libertades consustanciales a ésta, hoy se hallan convertidas en arietes contra los derechos y en agentes de prácticas para obstaculizar el debate libre que debe acompañar a la vida democrática.
Edición: Emilio Gómez
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