El derecho a la movilidad y las personas con discapacidad

Margarita Ángeles González 

De acuerdo con ONU Hábitat en su declaración del Derecho a la Ciudad, todos tenemos el derecho humano de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para nuestra realización política, económica, cultural, social, profesional, en un ambiente de equidad, es decir, en igualdad de condiciones, independientemente de nuestras características físicas, económicas o sociales.

Situación que adquiere un mayor significado en estos tiempos de transición, donde la mayor parte de la ciudadanía estamos retomando de manera paulatina y presencial las dinámicas de movimiento y nos volvemos a transportar de manera masiva hacia el trabajo, la escuela o eventos sociales y poco a poco, recuperamos el sentimiento de normalidad.

Sin embargo, en México hay un reto pendiente en términos de movilidad urbana, aún antes de la pandemia, para las personas con discapacidad. Esta realidad ha sido diferente en cuanto a la manera y los medios en los que se transportan dentro de la ciudad y acceden a sus servicios, más aún, si se trata el de transportarse de una manera libre e independiente, siendo la barrera social aún más grave que la física.

En el caso del transporte público, aunque existen facilidades de parte del gobierno estatal para las personas con discapacidad, como lo son las tarjetas de descuento, es en la aplicación de dichos servicios donde encuentran las mayores dificultades. Esto lo hemos podido recopilar gracias a las entrevistas realizadas en nuestro estudio de caso a personas con diferentes discapacidades y sus familiares: He salido con Fer en camiones y cuando te ven con un menor con discapacidad no te dan parada aunque tengan lugar // En el transporte público cuando el chófer ve a una persona de la tercera edad o con discapacidad, no dan parada porque el costo del pasaje es menor o gratuito // Una de las dificultades para moverse en los camiones para las personas con debilidad visual, es que no nos creen que no vemos lo suficiente para ocupar los espacios protocolariamente destinados.

Debido a ello, una parte de la población con discapacidad ha tenido que comenzar a transportarse de manera acompañada, a través de servicios de plataformas o en autos particulares manejados por familiares. En otros casos, han intentado acceder a licencias de conducir y han tenido que cuestionar al actual sistema, como lo reporta la Asociación para Sordos del Estado de Yucatán (ASEYAC). Recientemente publicaron que no han podido obtener licencias de manejo, aunque demuestren que saben manejar. Adicionalmente, mencionaron la falta de intérpretes de lenguaje de señas y cómo el uso de cubrebocas no les permitió leer los labios de los servidores públicos. 

Aunque en estos casos nos hemos referido a un sector de la población con discapacidad, que ha contado con el poder adquisitivo o social para encontrar soluciones alternas a sus problemáticas de transporte, vale la pena visibilizar a la población que además de los problemáticas estructurales causadas por la discapacidad, se encuentra en una situación de precariedad y/o abandono, por lo tanto, hace presencia una doble discriminación y aislamiento hacia los servicios que establece la ciudad, viéndose significativamente mermada su calidad de vida. 

La inclusión de las personas con discapacidad, presenta un gran reto de implementación para la administración pública local, independientemente de la reciente generación de nuevas políticas públicas que comienzan a abordar dichos temas, como el surgimiento del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán (IIPEDEY) y el fortalecimiento de actores de la sociedad civil enfocados en dicha inclusión. 

Para avanzar, es necesario romper la idea de que las soluciones de diseño y adaptación urbana para las personas con discapacidad son complicadas, caras y sólo resultan útiles para muy pocas personas. Es vital generar conciencia de lo necesario, práctico y útil para las personas con discapacidad, ya que con ello, nos estaríamos acercando a garantizar el derecho a la ciudad, lo que facilitaría la vida a infantes, adultos mayores, personas regulares, es decir, a todos y todas, fortaleciendo con dichas acciones el concepto de inclusión y un diseño universal en la movilidad urbana.

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Edición: Ana Ordaz