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Foto: Fernando Eloy

La violencia y la inseguridad que se ha recrudecido y persiste en México en los últimos sexenios, ha teñido de sangre el país y establecido claramente la existencia de víctimas y victimarios con todas las implicaciones jurídicas y morales que conlleva.

En un país debe prevalecer el Estado de Derecho y los infractores de las leyes, los elementos antisociales que lastiman a los demás, deben recibir las sanciones correspondientes. Cuando ocurren violaciones a las leyes y se daña la vida, el patrimonio, la paz de los miembros de una sociedad sin que los delincuentes reciban castigo, prevalece la impunidad. No tiene otro nombre. Los victimarios que pasan por encima del pacto social, ocasionan sufrimiento y deterioro de la calidad de vida. La violencia y la inseguridad constituyen un flagelo social que no puede erradicarse permitiendo la impunidad.

El 11 de mayo de este año en Nueva Italia, Michoacán, integrantes del crimen organizado persiguieron a varios elementos castrenses que abandonaron sus puestos de control, lo cual viola el Código de Justicia Militar que los obliga a repeler cualquier agresión, aún a riesgo de su vida. Resultan desafortunadas las declaraciones del presidente de México que ponderó la actitud de los militares que huyeron y evitaron la confrontación, afirmando además que “los integrantes de las bandas criminales también son seres humanos y hay que cuidarlos”.

Quizás esa postura pudiera ser pertinente para un líder o predicador religioso, que destaque el perdón y la misericordia, pero no para un jefe de Estado que debe velar por el imperio de la ley, y debe cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República.

Es cierto que la violencia y la inseguridad se gestaron en los sexenios neoliberales; también es innegable que cuentan con un entramado de complicidades difícil de romper, y que las causas profundas en lo general están en las carencias educativas, la pobreza y la falta de oportunidades, pero eso no justifica de ninguna manera la impunidad.

Las víctimas del horror de los asesinados y desaparecidos demandan justicia, que no es otra cosa sino dar a cada quien lo que le corresponde. El monopolio del uso de la fuerza es del gobierno, no puede cederse a nadie bajo ningún concepto, porque es el fundamento mismo de la vida en sociedad. El martes 24 de mayo asesinaron en el país a 118 personas y ya se acumularon mil 980 en lo que va del mes. El horno no está para bollos, aún cuando las cifras que presentó recientemente la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez hablan de reducción de delitos en algunos rubros, la percepción es todavía de miedo y sufrimiento. De víctimas y victimarios.

 

En lo local

El estado de Quintana Roo, uno de los más jóvenes de México, y el más turístico, vive el horror de la inseguridad y la violencia, cada vez mayor, en prácticamente todo su territorio, más marcadamente en los destinos turísticos, convertidos en apetecibles plazas por el crimen organizado, lo cual sólo es posible mediante la complicidad de las autoridades de todos los niveles. Es una aberración que personas que abren con grandes sacrificios un negocio, crean fuentes de empleo y circulante, sufran el terrorismo de los criminales que cobran “derecho de piso”, como si no bastara con la voracidad recaudadora del municipio, el Estado y la Federación. ¿Es el gobierno que merecemos?

En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.

 

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

 

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Edición: Laura Espejo


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