Monterrey: aguas turbias, Congreso irresponsable

Seguramente la crisis de agua que sufren Monterrey y otras regiones del país no hubiera estallado si el Congreso de la Unión acatará una orden de la Suprema Corte de emitir una nueva Ley General de Aguas, girada el 27 de enero de este año; debió cumplirla en su siguiente periodo de sesiones. No lo hizo, ni lo ha hecho. Si la ley se aplicará rigurosamente, deberían ser destituidos todos los senadores y diputados federales. Conste que en el Congreso actual no tiene mayoría la oposición. Son los legisladores de Morena y sus aliados quienes tenían la responsabilidad de acatar el mandato de la Corte y promover la nueva norma en materia de agua, pero voltearon hacia otro lado. Actuaron los grandes intereses de refresqueras, cerveceras y empresas agrícolas que controlan el agua. Vale mencionar este antecedente que revela la turbiedad con que se ha manejado el problema.

Historia sospechosa

¿Por qué tuvo que intervenir la Corte? Porque durante 10 años el Congreso ha dado largas a legislar un reglamento, así de escabroso el asunto. El 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4 de la Constitución, párrafo sexto, en la que se incorporó el derecho humano al agua como una obligación del Estado mexicano. En el tercero transitorio se fijó un plazo de 360 días para expedir la ley reglamentaria correspondiente. Y así llegamos a julio de 2022 sin reglamento, por lo que tuvo que intervenir la Corte y ordenar al Congreso que haga su tarea. Está en desacato. El derecho humano al agua, elevado a rango constitucional, entre otras cosas establecería la prioridad de los mexicanos sobre los poderosos intereses económicos y políticos que acaparan el líquido.

País autosuficiente

Hasta el sexenio pasado, México fue el principal cliente de las refinerías de Estados Unidos. En sus peores momentos llegó a importar ocho de cada 10 barriles de gasolina que se consumían en el país. La teoría de los economistas del gobierno y sus aplaudidores era –y sigue siendo– que es mejor exportar petróleo crudo que refinarlo. Y lo ideal, por consecuencia, era importar gasolina y diésel. La política cambió con la derrota del prianismo. De acuerdo con un análisis de la consultora PETRO Intelligence, la suma de la producción de gasolinas y diésel de la refinería texana Deer Park, ahora propiedad de Pemex, y Dos Bocas al resto del sistema de refinación del país (las otras seis plantas) va a ser mayor a la demanda. La oferta nacional sería de poco más de un millón de barriles diarios y la demanda representaría 737 mil, es decir, habría un superávit de 306 mil barriles. En cuanto al diésel, la producción alcanzaría 527 mil barriles al día, mientras la demanda será de 314 mil. Las refinerías texanas perderán a su primer cliente mundial. ¿Y que hará Pemex con los remanentes? ¿Alguna vez imaginaron a México exportando gasolina, diésel y otros petrolíferos? ¿Cuándo? Antes de que termine el sexenio.

Heineken

No detendrá su producción, pero la cervecera Heineken hizo público su compromiso de ceder agua en favor de la red de Servicios de Agua y Drenaje equivalente a 20 por ciento del consumo de su planta en Monterrey, dijo en un comunicado. El presidente López Obrador exhortó ayer a cerveceras y refresqueras a parar su producción, a fin de que llegue más líquido a los hogares más vulnerables. Por su lado, la Cámara de la Industria de Monterrey hizo una declaración en la que se compromete a colaborar a solventar la crisis; señaló que no es la industria, sino el sector agrícola el que se lleva la mayor parte del agua.

Descorcholatados

Las corcholatas tendrán que buscar otra forma de promoción, porque los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hicieron mancuerna con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Advirtieron a los dirigentes de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández, evitar nuevos actos como los del estado de México y Coahuila, donde se perfilaron políticos, como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, para la sucesión presidencial de 2024. No tomaron medidas contra los candidatos de la oposición porque no hay, ni oposición ni candidatos.

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Edición: Ana Ordaz