La Fiscalía General de la República (FGR) publicó ayer un escueto comunicado en el que se da a conocer la existencia de tres líneas de investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, al que se identifica como “Enrique P”. La primera de ellas involucra a la empresa OHL y se presume que habrá judicializaciones “en los próximos meses”.
La segunda se refiere a denuncias presentadas por las autoridades hacendarias por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, lo cual corresponde con la información presentada a la ciudadanía el 7 de julio pasado por el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez Álvarez. Por último, existiría una carpeta en la que se desahogan dictámenes fiscales y patrimoniales para indagar un posible enriquecimiento ilícito.
Como ya se había apuntado en este espacio cuando se revelaron las pesquisas de la UIF hace poco menos de un mes, existe un clamor social en exigencia de que se investigue y esclarezca judicialmente el cúmulo de delitos atribuido a altos funcionarios del pasado reciente, y en particular a quienes se encontraron en la cúspide del poder público, los ex presidentes.
Al respecto, Peña Nieto cobra especial notoriedad por una serie de factores: el recuerdo de su administración se encuentra más fresco en la conciencia pública, la inocultable corrupción que caracterizó su paso por el gobierno, y la ausencia de disimulo con que ha ostentado su propia fortuna durante y después de su paso por Los Pinos.
Lo que destaca en las investigaciones de la FGR es que todas se vinculan con presuntos delitos financieros, pero nada se dice de otros actos ilícitos igualmente graves por los que es necesario llamar a cuentas a quien estuvo al frente del Ejecutivo.
Por ejemplo, el uso inadecuado o hasta criminal de la fuerza pública en episodios como el asalto contra San Salvador Atenco (perpetrado cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México), la masacre de Asunción Nochixtlán, o el papel del Estado en el encubrimiento de los hechos que llevaron a la desaparición de 43 jóvenes normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Sin restar importancia al avance que supone la apertura de varias carpetas de investigación en torno a tres casos distintos, es imperativo esclarecer el resto de los hechos ilícitos en los que pudiera estar envuelto el ex mandatario, así como hacer extensivas las pesquisas a sus antecesores inmediatos, Felipe Calderón y Vicente Fox.
Se ha señalado que los presidentes emanados del Partido Acción Nacional podrían quedar impunes gracias a la prescripción de sus eventuales crímenes, pero es una cuestión de saneamiento institucional establecer y divulgar las malas conductas de los servidores públicos, incluso si ya no es factible proceder penalmente contra ellos.
Para avanzar en esta dirección, sería deseable que las indagatorias aisladas dieran paso a un macrojuicio en el cual se integren y vinculen los casos de ex funcionarios que traicionaron sus deberes, no sólo como un paso contra la impunidad, sino principalmente con miras a evitar la repetición.
Edición: Ana Ordaz
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