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Hidalgo: el peligro de las detenciones arbitrarias

Policías vestidos de civil cazaron alumnos y los hacinaron durante ocho horas
Foto: Ximena Vargas

La madrugada del 13 de agosto 64 jóvenes, en su mayoría estudiantes del Instituto de Artes (IDA), perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fueron aprehendidos en distintos puntos del pueblo mágico de Mineral del Monte, estado de Hidalgo, y aunque la detención se ha calificado de arbitraria por defensores de derechos humanos, sumado a que no es el primer acto violento ejecutado por orden del alcalde en turno, autoridades estatales y federales no se han pronunciado por el caso aunque este cumpla ya más de 15 días de ocurrido.

La madrugada de aquel sábado, concluía la fiesta de bienvenida celebrada cada inicio de semestre, razón por la que policías iniciaron una redada tras una presunta riña afuera del evento. Esta versión se desmintió una vez que los más 60 jóvenes fueron liberados después de permanecer cerca de ocho horas incomunicados y golpeados en galeras. Declararon que las detenciones no habían sido a las afueras de la fiesta de bienvenida, sino en distintos puntos del pequeño municipio con un sólo objetivo: aprehender a estudiantes.

Las detenciones, según versiones de alumnos, fueron ejecutadas por policías municipales, pero en algunos puntos, los jóvenes fueron aprehendidos por hombres vestidos de civiles en automóviles sin identificar bajo amenaza de ser judiciales. Desde las 2 hasta las 4:30 de la madrugada de este 13 de agosto, distintos elementos se encargaron de detener a cualquier joven que se encontraba en la calle, hasta que en un momento las instalaciones del gobierno municipal a cargo del priísta Alejandro Sierra Tello se vieron rebasadas. “Fue una cacería”, declararon a medios de comunicación estudiantes de quienes se guarda identidad para evitar represalias.

Al darse a conocer el caso, el edil desmintió la versión de más de 60 personas y alegó que la detención se dio en un sólo punto y eran acusados de sacrificar a un gato como parte de un ritual, y más tarde diría que también estaban señalados de herir a una mujer. Ninguna de estas dos versiones pudieron ser comprobadas hasta el momento.

“El motivo legal, o público, es que si fueron drogas, que si fue un gato mutilado, que si una riña, que si una mujer apuñalada, pero en realidad no se sostiene absolutamente nada (la versión oficial), más bien es ese sentido conservador por parte de la autoridades, una política conservadora de no querer que los jóvenes se diviertan (..) entonces se hace una redada masiva en contra de ello”, señaló en entrevista el defensor de derechos humanos Héctor Cerezo, representante del Comité Cerezo.

“A esto se le llama criminalización, en este caso criminalización de la juventud (...) en derechos humanos eso fue una detención arbitraria, es decir, no había ningún criterio legal para justificar la detención: no habían cometido ningún delito ni habían cometido una falta administrativa; tampoco tenían una orden de aprehensión ni había una carpeta de investigación”, declaró.

 

Foto: Ximena Vargas 

 

El peligro de una detención arbitraria

Dentro de galeras, los estudiantes señalaron haber sido golpeados sin saber siquiera de qué se les acusaba, tampoco tuvieron la oportunidad de comunicarse con familiares o conocidos, ni les fueron leídos sus derechos. Además, declararon que los agentes policiales comenzaron a amenazar con violar sexualmente a los jóvenes que distinguían de la comunidad LGBTTTI. “Toda la estancia en galeras fue un verdadero infierno”, declaró un estudiante.  Así convivieron separados en celdas designadas para hombres y mujeres hasta que fueron liberados a las 13 horas presuntamente por gestión de un abogado brindado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo al saber que parte de su matrícula se encontraba aprehendida.

“Si no hay una investigación y una sanción a los autores de las ya violaciones a derechos humanos, por supuesto que ya hay un riesgo de que se repita, porque de la amenaza de muerte y de la amenaza de violación, que no es cualquier cosa, es un paso muy pequeño; puede ser un coletazo mal puesto  o que uno de los jóvenes esté enfermo y que pueda morirse en los separos, eso va a derivar en cómo van a ocultar y justificar un hecho de esa naturaleza, y una mentira lleva a otra, y una violación a derechos humanos menor puede terminar mal, así que estamos a tiempo de esa investigación y esa sanción antes de que los policías sientan que pueden hacer lo que quieran sin consecuencia alguna”, apuntó el defensor de derechos humanos.   

Por su parte, la animalista Lorena Rivera Garnica, quien también fue detenida a golpes durante una protesta reprimida por el edil de Real del Monte, Alejandro Sierra, en enero de este mismo año detalló que “lo preocupante ahorita es que en lugar de que haya un aprendizaje de lo que es la responsabilidad del presidente (municipal) Alejandro Sierra Tello y de lo que compete como figura máxima de autoridad en el municipio, en lugar de tener menos errores, creo que la protección del gobernador actual, Omar Fayad, es un mensaje de ‘vean lo que hago y no pasa nada’, es sumamente alarmante porque creo que podría escalar a más en donde ya incluso la vida de alguna persona esté comprometida, llámese turista, llámese estudiante, llámese activista”.

A lo que Héctor Cerezo ahondó: “El peor mensaje que se le puede dar al perpetrador es que puede hacer lo que quiera y no va haber consecuencias legales, ni éticas, ni políticas; entonces si no hay una investigación y sanción, los policías van a continuar violando derechos humanos porque no hay consecuencias negativas a esos hechos y es muy peligroso”.

 

Foto: Ximena Vargas 

 

Sin sanciones 

En enero animalistas protestaban en la entrada del pueblo mágico de Real del Monte, cuando el alcalde junto con comerciantes y funcionarios reprimieron a golpes y amenazas a los manifestantes, caso por el cual se abrió una carpeta de investigación y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, sin que hasta la fecha hay avances a las investigaciones. 

Ante ese caso, Omar Fayad, gobernador priista, dio a conocer que se iniciarían las investigaciones pertinentes; sin embargo, sobre la detención de los 62 estudiantes, no dio ninguna postura ni mencionó el incidente, contrario a su postura casi inmediata ante la detención de Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia por el caso Ayotzinapa.

“Que defiendan a Murillo Karam porque fue gobernador y priista, y que lo defiendan en un caso tan emblemático como el caso de Ayotzinapa y esta construcción de la Verdad Histórica, que al final de cuentas ya es la mentira histórica, es como cerrar finas a favor de la impunidad (...) es el peor mensaje que se puede dar en derechos humanos. Y esto contrasta con las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo (en Real del Monte) que no son atendidas ni reconocidas, y al no nombrarse es como si nunca hubieran existido, y ése es el contraste, la impunidad por un lado  y ni siquiera mencionar las violaciones propias”, inquirió Héctor Cerezo. 

A la pregunta expresa de qué debería estar haciendo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el activista expresó: “Ya son cerca de once días (al momento de la entrevista) de esos hechos, ya debería tener un informe detallado de lo que sucedió y de las violaciones a derechos humanos que se cometieron y de las víctimas; es decir, tendría que ya estar entrevistando a víctimas y que eso derive en una recomendación hacia el municipio, hacia presidente municipal, eso ya tendría que haberlo hecho desde hace rato, sería lo mínimo, aparte de atender a las víctimas”.

La actual titular de la CDHEH, Ana Karen Parra Bonilla, quien lleva menos de un mes a la cabeza de esta Comisión estatal, respondió a la pregunta expresa de La Jornada Maya que “al momento tenemos tres quejas identificadas (contra el Ayuntamiento de Mineral del Monte), podrían salir más, una hecha por un periodista, otra por una asociación civil y esta última que es de oficio (la de los 64 estudiantes detenidos); y sobre qué vamos a hacer al respecto, pues la Comisión no está desierta, sí tenemos que tejer redes con las demás instituciones para ir sensibilizando sobre derechos humanos, no somos los malos del cuento, no somos ‘ahí viene el lobo, ahí viene el lobo’ y no llega, somos los que hacen el contrapeso sano para que los derechos humanos se ejerzan en todos los niveles de gobierno, y desde esa perspectiva, el canal institucional, la vinculación que se debe hacer es lo que va a permear es esa administración”, sin más detalle sobre las acciones a tomar ante los casos de represión de manifestaciones y detenciones arbitrarias de parte del gobierno municipal encabezado por Alejandro Sierra Tello.

 

Edición: Laura Espejo


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