SLAPP, una ley mordaza

La periodista italiana freelance, Sara Manisera, fue denunciada recientemente por la administración municipal de Abbiategrasso, provincia de Milán, al norte de Italia, porque dio a conocer que “ha visto entrar a las mafias en el municipio, en la contratación pública, y sobre todo en el (sector del) hormigón, porque una cosa que les gusta tanto a las mafias es el hormigón, los centros comerciales”, la construcción, los desarrollos inmobiliarios.

El video de la intervención de Sara Manisera terminó en las redes sociales y el 1 de septiembre el consejo municipal (dominado por un partido de centro-derecha, encabezado por el alcalde cívico Cesare Nai), resolvió iniciar la querella por calumnias porque la periodista supuestamente “perjudicó gravemente la reputación de la ciudad, de la administración municipal y de las alcaldías, alegando que estas están controladas por las mafias y que manejan los contratos de acuerdo con ellas”. La publicación de la denuncia de dicha administración también contenía el nombre completo de la periodista (violando su derecho a la privacidad y exponiéndola ulteriormente) y sólo luego se reemplazó con sólo las iniciales.

Como decía el periodista y escritor italiano, Roberto Saviano, en su libro Gomorra cemento y narcotráfico, crimen organizado, transportes, residuos y monopolio del comercio y de los gravámenes sobre suministros son el territorio empresarial del clan criminal y camorrista de los Casalesi: “los consorcios del cemento se convirtieron en un arma fundamental para los clanes (criminales) casaleses”.

Saviano, desgranaba la relación entre el sector inmobiliario, del cemento, del sector de la construcción, y las organizaciones criminales como la Camorra napolitana: “cualquier empresa de construcción debía abastecerse con el cemento de dichos consorcios, y así, este mecanismo pasaba a ser fundamental para que los clanes entraran en relación con todos los empresarios de la construcción que había en el territorio y con todos los negocios posibles”.

Hablamos de un negocio de las familias criminales de los Casalesi que rondaba los 3 mil millones de euros, entre bienes inmuebles, cementeras, empresas de construcción, usura, tráfico de drogas y de armas, entre otros, explicaba Saviano.

Respecto a la denuncia por difamación contra la periodista Sara Manisera -por revelar las relaciones mafiosas del municipio de Abbiategrasso- claramente tiene el objetivo de intimidarla y amordazarla. Antes de proceder con la demanda, subraya la periodista italiana, el gobierno municipal de Abbiategrasso “ni siquiera me pidió que rectificara -práctica normal en general-, no solicitó una reunión pública, ni negó mis declaraciones”. Además, prosigue, “optó por denunciarme sin saber siquiera a qué me refería”. La declaración condenada, explica, “se refería al término municipal de Abbiategrasso, y sobre eso hay muchos elementos, probados también por sentencias penales, investigaciones universitarias, informes del Observatorio sobre delincuencia organizada” que evidencian la presencia de clanes y miembros de organizaciones de tipo mafioso en el territorio abbiatense desde hace décadas”. Estamos ante un ejemplo de lo que la organización italiana Artículo 21 denomina SLAPP (Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública por sus siglas en inglés) las que obligan a los periodistas, activistas, denunciantes al silencio y a cualquiera que saque a la luz hechos de interés público. También denominadas “denuncias mordaza”, las SLAPP constituyen una verdadera injerencia en el derecho de los ciudadanos a estar informados y expresar libremente sus pensamientos, afirma Artículo 21.

Explica que “los SLAPP también representan una grave limitación a la participación democrática y al derecho a la libertad de expresión, ya que privan al debate público de voces que arrojen luz sobre información de interés público. El objetivo declarado de quienes realizan acciones temerarias contra periodistas y activistas que se ocupan, por ejemplo, de corrupción, abuso de poder y temas ambientales es silenciarlos, una amenaza al derecho a la libertad de expresión y al derecho a informar”.

De igual manera, señala que “el uso de SLAPP en Italia está muy extendido. La legislación más utilizada para instigar casos de SLAPP es la difamación tanto por vía civil como penal, pero también se utiliza indebidamente el derecho a la privacidad y el derecho al olvido para evitar la divulgación de información inconveniente. A menudo, las amenazas legales preceden incluso a la publicación de la investigación, desencadenando mecanismos de autocensura”.

En una publicación del pasado 20 de septiembre, Artículo 21 explica que “ya se ha instado al Parlamento italiano a alinearse con las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el tema de la difamación. La Corte, de hecho, intervino con una decisión en 2020 y con una sentencia en 2021 sobre la cuestión de la constitucionalidad de la pena de prisión para periodistas en casos de difamación en la prensa, instando al Parlamento a eliminar las normas que la prevén – salvo en casos de “gravedad excepcional”- y promover una reforma amplia de la legislación pertinente. Esta reforma, que se mantuvo firme y trabada en legislaturas anteriores, es necesaria para lograr un equilibrio efectivo entre la libertad de expresión y la protección de la reputación, como ha subrayado la Corte en 2021”.

También, explica que “a nivel europeo, el pasado mes de abril la Comisión Europea presentó su respuesta al problema elaborando una intervención en dos frentes: una directiva sobre casos transnacionales, que ahora deberá seguir su proceso de aprobación entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, y una recomendación, de efecto inmediato aunque no vinculante, que recoja indicaciones precisas a ser aplicadas en los casos nacionales. Esto también fue posible gracias a una intensa movilización de la Coalición contra SLAPP en Europa (CASE), que reúne a más de 40 organizaciones de la sociedad civil europea comprometidas con la lucha contra SLAPP”.

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Edición: Ana Ordaz