La semana pasada el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, establecieron un acuerdo de cooperación para “recuperar la paz” en esa entidad y “combatir a las bandas del crimen organizado”, con la participación de dependencias de la nación vecina como la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia Antidrogas (DEA), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El representante de la Casa Blanca en México, en un encuentro a puerta cerrada convocado por el mandatario estatal y al cual acudieron integrantes del gobierno local, líderes empresariales y jerarcas eclesiásticos, informó que la colaboración acordada ya empezó, concretamente en asesorías a la Fiscalía Genera de Justicia de Zacatecas para el combate al lavado de dinero y el secuestro, y que tiene como perspectiva trabajar juntos en áreas como el combate al fentanilo, el tráfico de personas y la creación de una seguridad compartida entre México y Estados Unidos.
La noticia causó azoro e indignación por la manera furtiva en la que se negoció y anunció tal convenio, porque contraviene abiertamente el marco constitucional del país y los principios que rigen el pacto federal y porque el convenio es contrario a la estrategia de Seguridad Pública establecida por el actual gobierno federal y apoyada por Morena, el partido del gobernador Monreal.
En efecto, el artículo 89 de la Carta Magna menciona entre las facultades exclusivas del Presidente de la República “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales”, en tanto que el 117 prohíbe expresamente a las entidades federativas “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.
Más allá de semejante contravención a la ley suprema, no ha de omitirse el hecho de que la concepción de Washington de los fenómenos delictivos en México ha orientado una “cooperación” a todas luces contraproducente, que el balance de la presencia y la operación de dependencias estadunidenses como la DEA en el territorio nacional dista mucho de ser positivo y que en no pocas ocasiones esas instituciones extranjeras han generado más problemas que los que se pretendía resolver.
Con esas consideraciones en mente, el gobierno federal dio por cancelada la Iniciativa Mérida que Felipe Calderón firmó con Estados Unidos y que dio a Washington carta blanca para intervenir en el manejo de la seguridad pública nacional; en su lugar, se ha propuesto el Entendimiento Bicentenario, el cual está en gran medida por construirse en un proceso que atañe a los gobiernos nacionales de ambos países.
En tales circunstancias, y ante la opacidad con la que se ha manejado el acuerdo entre Monreal y Salazar, es por demás pertinente la exhortación al primero formulada por legisladores de Morena y del Partido Revolucionario Institucional para que haga público tal acuerdo y explique al detalle en qué consiste.
En tanto no lo haga, queda la impresión de que el gobernador zacatecano no sólo pasó por encima de la Constitución sino que por añadidura rompió con la política de seguridad pública que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Edición: Emilio Gómez
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