¿Qué cosa es el GCF?

Dentro de unas tres semanas, del 7 al 10 de febrero, se llevará a cabo en Mérida la decimotercera reunión anual del GCF, esta vez bajo el lema de “la salud del planeta, la salud de todos”. Quizá este evento podría pasar del todo desapercibido, a no ser porque seguramente será presidido por el gobernador del estado. Aun así, podría ser solamente una nota en la sección de noticias locales de los diarios regionales. Lo cierto es que es un evento que merece una atención mucho mayor, y quizá no se la otorguemos porque no sabemos muy bien qué cosa es eso del GCF, para qué sirve, cuáles son sus alcances e implicaciones.

GCF son las siglas en inglés que identifican un grupo de 39 estados de 10 países con bosques tropicales, o con algún interés en la conservación y el manejo sustentable de los bosques tropicales, denominado Grupo de Trabajo de Gobernadores por los Bosques y el Clima, que juntos poseen más de un tercio de los bosques tropicales del globo. Se trata pues de 39 jurisdicciones subnacionales cuyos gobernadores han asumido el compromiso de luchar porque las masas forestales que alojan sus territorios sean en efecto factores relevantes que contribuyan a disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera, y operen como sumideros capaces de capturar cantidades importantes de bióxido de carbono, ayudando así a mantener el ascenso de la temperatura global por debajo de 1.5°C antes del año 2030.

Hasta ahora, siete estados mexicanos se han sumado a este esfuerzo: Campeche, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Estos siete estados, que incluyen más de la mitad de los bosques tropicales mexicanos, han ido formulando estrategias locales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por degradación de los ecosistemas forestales y por deforestación (las famosas estrategias REDD+). Algunos, como Quintana Roo, han construido estrategias para descarbonizar su economía; es decir, para hacer que sus procesos de desarrollo económico dependan cada vez menos de la quema de combustibles fósiles. Además, la mayoría ha logrado generar, con el apoyo invaluable de la CONABIO, estrategias estatales para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad.

Todos estos esfuerzos han sido sin lugar a duda muy valiosos. Sin embargo, no deben quedar ahí: hay que pasar de la emisión de documentos y la realización de estudios diagnósticos y prospectivos, a la realización en el territorio de acciones de conservación, manejo y restauración que contribuyan a hacer realidad lo que se propone en estas estrategias, y hay que hacerlo además de manera que resulten económicamente relevantes y social y culturalmente aceptables. Por eso, a lo largo de los últimos dos años, la palabra clave en el seno del GCF es IMPLEMENTACIÓN.

Sólo que la implementación requiere que se satisfagan dos premisas: primero, que se aporten los recursos oportunos y suficientes para llevar a cabo con eficacia las acciones que demandan las estrategias propuestas, sin seguir dependiendo únicamente de los aportes generosos de organismos internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o gobiernos extranjeros, como el de Noruega o el del Reino Unido. No se trata desde luego de despreciar o rechazar estos apoyos, que forman para de lo que debe ser un esfuerzo global; pero sí se trata de lograr que los estados miembro del GCF consideren en sus presupuestos de egresos recursos importantes para la implementación de las estrategias que ellos mismos han construido, y que logren que el ejecutivo federal asigne recursos concurrentes para respaldar estos trabajos, que al final del día contribuyen a alcanzar los compromisos ofrecidos por México en sus contribuciones nacionalmente determinadas para combatir los efectos del cambio climático global, y reducir sus causas.

Y esto conduce a la segunda premisa: los estados miembros del GCF debieran de asumir el hecho de que la implementación de sus propuestas en el seno de este colectivo implica un robusto trabajo político. Esto lo entendieron muy bien los nueve estados de la Amazonia brasileña, miembros también del GCF, y plantaron cara a un gobierno federal contrapuesto a los objetivos expresos del grupo, asumiendo una postura colectiva sólida y solidaria, independientemente del origen partidario de sus gobernadores. Así, como estados coaligados, los siete gobernadores mexicanos que participan de este esfuerzo deberían ser capaces de sobreponerse a su origen partidario y colocar sus lealtades y la construcción de sus políticas públicas locales bajo la luz de sus objetivos comunes de reducción de emisiones por degradación de y deforestación.

En virtud de lo dicho, sería fantástico ver, en la próxima reunión anual del GCF, dos elementos que pueden contribuir a hacer realidad lo que hoy es solamente la voluntad de implementación de las acciones propuestas. Para empezar, ojalá se cuente con la presencia proactiva y comprometida de los siete gobernadores. Hasta hoy, las reuniones del GCF han transcurrido, en el mejor de los casos, con la presencia de un solo gobernador mexicano. Por otra parte, será alentador ver en la reunión una presencia nutrida de organismos de la sociedad civil, grupos indígenas de los estados miembro, y académicos involucrados en atender los problemas relacionados con el cambio climático global. Esperemos que así sea.

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Lea, del mismo autor: Piedra blanca

Edición: Estefanía Cardeña