La deforestación de las selvas de la península de Yucatán es una historia de muchos cambios de ritmo, iniciada durante la Colonia con la explotación del palo de tinte e intensificada a partir del siglo XIX con la extracción de maderas preciosas y el intercambio que establecieron los mayas rebeldes con los colonos ingleses de Belice: caoba, zapote y cedro por armas, hasta llegar a nuestros días. La selva, o lo que queda de ella, requiere de muchos cuidados y la expansión de la frontera agrícola es una amenaza constante sobre ella.
Muy especialmente, el cultivo de soya es de los que mayor presencia ha tenido en las últimas dos décadas. El atractivo detrás de esta leguminosa es la ganancia económica, pero hay muchos otros intereses detrás. Monsanto, el gigante trasnacional de las semillas, es uno de los principales promotores de soya genéticamente modificada o transgénica; cultivar esta oleaginosa no obedece a obtener un alimento en sí. Su principal uso es la extracción de aceite para su empleo en alimentos industrializados o ultraprocesados.
En este periódico hemos dado cuenta de la lucha contra los campesinos mayas contra este cultivo, que también tiene un factor económico a tomar en cuenta: la producción de miel y el castigo que le impone el mercado europeo particularmente cuando se detecta la presencia de polen de un organismo genéticamente modificado (OGM).
Recordemos que en 2016 el gobierno encabezado por Rolando Zapata Bello decretó a Yucatán como zona libre de transgénicos, medida que fue impugnada legalmente, a través de una controversia constitucional, por parte de la Presidencia de la República, y al final el intento falló. La intención de llegar a un acuerdo peninsular para establecer una zona libre de OMG también fue torpedeada por agrupaciones mayas que alegaron no haber sido consultadas.
Si algo queda claro en la discordia que genera el cultivo de soya es que los principales afectados son la selva y el medio ambiente. Mientras, en el presente milenio, Yucatán ha perdido 439 mil hectáreas de cobertura de bosque primario húmedo y otras 495 mil de cobertura arbórea, según cifras que proporciona Global Forest Watch.
Si queremos apreciar el panorama, encontraremos cierta incoherencia entre el anuncio del Estado mexicano de dejar de importar maíz transgénico de Estados Unidos mientras se mantiene el permiso de siembra de soya genéticamente modificada, a través de las semillas de Monsanto; hace falta una política integral, o que al menos exista una explicación oficial sobre los motivos para mantener esta dicotomía.
Y mientras también podríamos poner en la mesa de discusión otras prácticas que afectan al medio ambiente, como la misma agricultura de tumba, roza y quema. Transitar a modelos de producción agroecológicos debiera tener un atractivo para los productores, pero también requerirá una educación para los consumidores y el establecimiento de una nueva política de seguridad alimentaria que contemple el cuidado del medio ambiente.
Edición: Estefanía Cardeña
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