Receta para un golpe de Estado ''técnico''

La historia de México es una que lleva varias marcas de golpes de Estado. Por lo menos desde el 18 de mayo de 1822, aquella jornada en la que el pueblo de la capital del recién independizado país exigió que Agustín de Iturbide fuera coronado emperador. Unos años después, el 30 de noviembre de 1928, otro motín popular desconoció el resultado de las elecciones y demandó el reconocimiento de Vicente Guerrero como presidente, en lugar de Manuel Gómez Pedraza, quien había sido el ganador oficial de los comicios.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención de la prensa asistente a su conferencia diaria, durante la cual, en referencia a la suspensión definitiva que el juzgado primero de distrito, radicado en Yucatán, concedió a organizaciones ambientalistas a fin de detener la tala y desmonte en terrenos de los tramos 3, 4, 5 Norte y 6 del Tren Maya, al señalar que con estas decisiones el Poder Judicial pretende “dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea, que ya no ejecutemos. Es un golpe de Estado técnico”.

El día también estuvo colmado de noticias contrarias a los intereses del Presidente, provenientes también del Poder Judicial. Otro juez federal, mediante el recurso de amparo, ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión librada en octubre de 2020 contra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, el juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, no resolvió contra el Ejecutivo, sino contra la decisión de un juez inferior, considerando que estaba insuficientemente fundamentada.

Entonces, ¿puede el Poder Judicial dar un golpe de Estado? Seguramente, pero resultaría algo fuera de lo común. Un golpe involucra, por regla general, el empleo de las fuerzas armadas con el fin de conquistar el poder y que en algún momento se recurra a la violencia o a la amenaza de emplearla.  Además, supone una ruptura de la legalidad; que alguna de las partes actoras acuse que la Constitución haya dejado de ser obedecida como suprema ley, y esto por parte de los tres Poderes: tanto que el Ejecutivo deje precisamente de ejecutar, como que el Judicial sea omiso en hacer cumplir las leyes, como que el Legislativo no ejerza la labor de vigilancia que precisamente le confiere la Constitución.

Así pues, no se trata de quiénes violan más o menos la Carta Magna. El Ejecutivo no tiene el derecho, sino la obligación de hacer obras en beneficio del pueblo. Esto tampoco quiere decir que las haga a troche y moche, sin planes y gastando más de lo que le haya autorizado el Congreso.

Sin embargo, la amenaza de violencia ya se asoma. Las manifestaciones y el plantón frente a la Corte son resultado de la polarización derivada del enfrentamiento entre el Presidente y algunos ministros, particularmente a raíz de la elección de Norma Piña para estar al frente el alto tribunal, luego de la caída de Yasmín Esquivel, quien se decía era la candidata de López Obrador y hoy continúa ocupando un asiento en la SCJN a pesar de las investigaciones por plagio de tesis a que está sujeta.

Tanto los partidarios del Presidente como los que se presentaron a “defender” a la SCJN el fin de semana pasado han llegado a la violencia. Tal vez sea el peso histórico del sitio. Aquel Parián que fue saqueado por quienes aclamaban a Vicente Guerrero se encontraba a pocos metros del edificio que hoy ocupa la Corte.

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Edición: Fernando Sierra