El coordinador jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Nahir Antonio Velasco, advirtió que hoy vencerá el plazo para que el gobierno mexicano acepte el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) para resolver la huelga que durante 16 años han mantenido los mineros afiliados a esa organización sindical en las explotaciones de Cananea, Sombrerete y Taxco, propiedad las tres de Grupo México, cuyo dueño es Germán Larrea.
En caso contrario, el conflicto pasaría a ser dirimido en un panel internacional, en el que los gobiernos de Washington y Ottawa tendrían voz y voto para resolver el diferendo.
Este escenario abre sin duda una esperanza para los trabajadores de esas localidades, los cuales han pasado más de tres lustros en huelga para exigir mínimas condiciones de seguridad e higiene y un alto a las sistemáticas violaciones a los contratos colectivos de trabajo por parte de la patronal.
Asimismo, en ese tiempo los mineros en resistencia, sus familias y hasta las poblaciones han debido enfrentar toda suerte de hostigamientos empresariales y de abusos y actos represivos por parte de autoridades instigadas o compradas por el consorcio de Larrea.
No debe ignorarse, sin embargo, que al escalar el conflicto del MLRR al panel internacional incrementaría el grado de injerencia de los dos países socios de México en el T-MEC en un asunto que desde hace muchos años habría debido ser resuelto exclusivamente por las instituciones mexicanas.
Lo cierto es que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las autoridades nacionales se pusieron al servicio de los intereses de Larrea y en el gobierno actual no se ha actuado con la firmeza debida para llevar al magnate a reconocer la legitimidad del movimiento laboral y a ceder ante las justas reivindicaciones de los mineros.
Así, ante la imposibilidad de destrabar el conflicto en México, el SNTMMSSRM presentó una queja al MLRR por medio de un sindicato estadunidense, United Steel Workers, por violaciones a los derechos humanos de sus agremiados, reclamación que fue aceptada por el gobierno de Estados Unidos.
Resulta ahora imperativo que las autoridades nacionales reconozcan la comisión de tales violaciones y que actúen a la brevedad para ponerles fin.
Lo anterior es doblemente necesario, no sólo para corregir las injusticias e ilegalidades que se ha cometido durante 16 años –la huelga estalló el 30 de julio de 2007– sino también para devolver este conflicto laboral al ámbito de las leyes e instituciones del país; en otros términos, para restañar la soberanía nacional.
Edición: Emilio Gómez
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