INE: árbitro dividido

Apenas un día después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) declarase el inicio del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el organismo se sumió en un conflicto interno que amenaza su capacidad para conducir y supervisar los comicios del año entrante. El diferendo gira en torno a los nombramientos de los titulares de las comisiones del instituto, instancias donde se toman las decisiones operativas y que, por lo tanto, constituyen la columna vertebral de sus actividades. En particular, se encuentran en disputa las presidencias de las comisiones de Quejas y Denuncias y de Fiscalización, de enorme relevancia, porque la reforma de 2014 les confirió la facultad de tirar candidaturas con un gran margen de discrecionalidad, como ya se vivió en 2021.

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El hecho es que seis de los 11 miembros del Consejo General intentaron imponer a sus afines en dichas comisiones. Destaca que cinco de estos seis consejeros fueron nombrados cuando el Legislativo y el Ejecutivo eran dominados por los grupos de derecha que hoy se encuentran en la oposición. Por ello, fuentes del instituto señalaron a este diario que ese grupo pretende “proteger la gestión de ex consejeros y ex funcionarios”, así como cumplir con “encargos” de personajes como Claudio X. González a fin de paralizar las funciones del INE, con lo que las diferencias que deberían dirimirse en las urnas se están trasladando a despachos burocráticos comprometidos con agendas conservadoras.

El consejero Uuc-kib Espadas denunció las trapacerías con que un grupo de consejeros busca apoderarse de las decisiones relevantes y excluir al resto de la integración de comisiones críticas para el proceso electoral. Sin especular acerca de las intenciones de Arturo Castillo Loza, Martín Faz Mora, Carla Humphrey Jordán, Dania Ravel Cuevas y Claudia Zavala Pérez, Espadas aseguró que sus acciones dañan al organismo. Al cierre de esta edición, la presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei, había convocado a una sesión a puerta cerrada con el objetivo de alcanzar un acuerdo y de evitar que trascendieran desfiguros como los exhibidos mientras la discusión se realizó con presencia de los representantes de partidos políticos y medios de comunicación. De no alcanzarse consensos, a partir de hoy el INE estará incapacitado para procesar las quejas de los distintos actores políticos y fiscalizar sus erogaciones, entre muchas otras funciones.

A todas luces, lo que ocurre en la cúpula de la autoridad electoral es el intento de una facción afín a la oposición política de mantener las cuotas y los cotos de poder que disfrutaron bajo la presidencia del inefable Lorenzo Córdova, y en este afán recurren a prácticas abusivas, antidemocráticas y sumamente peligrosas para el desempeño de las tareas institucionales. De prevalecer las posturas de este bando, la sombra de la parcialidad y el faccionalismo cubrirá todas las decisiones del organismo a lo largo del proceso que culminará en junio próximo con la elección de Presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales y locales y ediles.

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Edición: Emilio Gómez