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Foto: Fernando Eloy

Cada determinado tiempo, algún funcionario nos sorprende con una expresión que resulta más que impropia por varios motivos, principalmente por venir de alguien con investidura y a quien le suponemos, guarda un mínimo respeto a quienes lo eligieron; en segundo lugar, porque también suele implicar una responsabilidad propia que se desatiende, y en tercero porque lo acerca a la calidad de inhumano.

Este sábado 2 de diciembre, en pleno Día Internacional de las Personas con Discapacidad y durante su segundo informe de labores, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien llegó al cargo postulado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que en dicho estado “tenemos controlado el tema de las adicciones, que está más feo, mucho más que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual”. Agregó que muchas familias sienten que esto es un castigo divino.

La reacción de quienes lo escuchaban, y en redes sociales, no se hizo esperar. La queja general va por los puntos enunciados: siendo gobernador, se espera un mínimo de respeto hacia las personas a quienes se refiere.

 

Lee: Rubén Rocha Moya: concientizar y rectificar

 

Aparte de comparar a quienes han caído enfermos por adicción a alguna sustancia -y recordemos que las adicciones pueden serlo a drogas ilegales o legales, siendo estas últimas el alcohol, el azúcar, la comida en general, o incluso al trabajo mismo, Rocha Moya se exhibió como ignorante en lo que implica la atención a personas con discapacidad y a grupos de la comunidad LGBTTTIQ+.

En los tres casos, lo realmente feo es que tanto la atención a personas adictas, como a aquellas con discapacidad o que por su identidad sexual se encuentren en una situación particularmente vulnerable, es una responsabilidad del Estado para la cual se deben crear y poner en práctica políticas públicas específicas. Actualmente, esto forma parte de la agenda de cualquier gobierno, y se espera especialmente de uno que se dice de izquierda.

Es entendible, pero no justificable dado el contexto en que se dio la enunciación, que el gobernador haya pretendido ofrecer un panorama de lo difícil que resulta desde el gobierno atender a quienes han caído en adicciones, especialmente de narcóticos. La publicidad estatal se ha encargado de bombardearnos con imágenes lastimeras de los daños que causa el fentanilo y otras drogas sintéticas. En una entidad en la que la presencia del narco es dominante, se entendería que el panorama sea “feo”.

Pero la comparación, además de lo injusta que resulta, es particularmente fea, la noción de que a estas alturas el gobernador desconozca lo que implica para una familia que uno de sus integrantes tenga una condición de discapacidad. Porque lo realmente feo es la lucha para que las instituciones del Estado acepten a un niño con autismo en la escuela y en su caso se hagan adecuaciones a su currícula; o que una niña con parálisis cerebral reciba atención médica digna y tenga acceso a rehabilitación física por lo menos en su población de origen; o ya de perdido que la policía haga que se respeten los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad física. Fea, esa lucha, aunque cada pequeño éxito signifique una mejor sociedad.

Feo que existan crímenes de odio, o que por afirmarse transexual las oportunidades de trabajo queden reducidas a laborar en un salón de belleza, centros nocturnos si se tiene algún talento artístico o la prostitución. O que por simplemente ejercer una sexualidad diversa, así sea responsablemente, sea uno tachado de criminal. Agreguemos los derechos que han tenido que ser arrancados a las legislaturas para poder alcanzar la plena igualdad entre personas, independientemente de todos los posibles motivos de discriminación que existen.

Feo, lo que se dice feo en este momento, tener dos años al frente de un Poder del Estado y cometer estos dislates que se traducen en un enunciado cruel: al gobierno de Sinaloa no le interesan las personas en condición de vulnerabilidad, ni siquiera por haber sido Día Internacional de las Personas con Discapacidad; eso sí, seguramente mandó que se pusieran luces de colores en los edificios públicos para “hacer conciencia”. Feo es ser sepulcro blanqueado. 

Vale la pena hacer memoria y recordar que en la península hemos tenido casos de funcionarios que se muestran insensibles. El 4 de mayo de 2017, Marisol Alamilla Betancourt, entonces secretaria de Educación de Quintana Roo, afirmaba: “Lo que menos queremos nosotros en el estado es tener niños en estas condiciones (con discapacidad), y el sector salud se encarga de eso, y cada día vamos a tener menos, y cada día así lo vamos a tratar de trabajar, es que cada vez se requieran menos maestros para estos niños, porque lo que más queremos es que no existan, porque lo ideal es tener un niño bien, en buenas condiciones”. En aquel entonces, la funcionaria se disculpó públicamente. Esperaremos a que el gobernador sinaloense haga lo propio; de lo contrario, faltará a su protesta de cumplir y hacer cumplir las leyes, particularmente las referentes a eliminación de violencia y discriminación; entonces sí, la nación se lo demandará.

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Edición: Estefanía Cardeña


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