Guanajuato, más violencia política

Fue un asesinato político más, en esta sangrienta etapa de la contienda electoral. Sin dejar resquicios para interpretaciones alternas: Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez fue asesinada con disparos de bala en plena calle, entre banderolas de Morena y consignas coreadas a su favor.

Sucedió en una comunidad del municipio de Celaya, San Miguel de Octopan, luego de dar a conocer la planilla que le acompañaría y una de sus principales propuestas: “mi primera agenda es anticorrupción. Para recuperar la paz lo primero es acabar con la corrupción, basta del gobierno opaco panista; el gobierno está obligado a rendirle cuentas a la ciudadanía para inhibir la corrupción”.

También había informado que estaba en espera de la respuesta gubernamental a la petición de Morena de que se le diera protección, como candidata en un municipio sumamente violento. Son decenas ya quienes a título de precandidaturas o candidaturas han sido amenazados, agredidos físicamente o asesinados en diversas partes del país.

La ejecución de la candidata Gaytán Gutiérrez evidencia las dificultades extremas que entraña la pretensión de remover electoralmente el amasijo de intereses que en Guanajuato se ha mantenido en el poder durante tres décadas, gracias a arreglos iniciales del Partido Acción Nacional con Carlos Salinas de Gortari, para legitimar de facto a quien llegó a Los Pinos en 1988.

Los grupos dominantes, varios de sus integrantes relacionados con organizaciones secretas de extrema derecha, como El Yunque, parapetados bajo las banderas de Acción Nacional, con Vicente Fox y Marta Sahagún como principales personajes, han tejido amarres institucionales como el que ha sostenido durante más de 10 años a Carlos Zamarripa como procurador de justicia y, a partir de 2019, como fiscal que entregará el cargo en 2028.

A diferencia de otras entidades, donde el empuje electoral morenista y, en algunos casos, la aquiescencia de los gobernadores salientes (varios de ellos premiados luego con cargos diplomáticos, con candidaturas en Morena y con impunidad, que no es un tema menor), en Guanajuato no ha podido avanzar Morena. Su carta más conocida, Ricardo Sheffield, de origen panista, ha sido derrotado en otros intentos electorales y ahora mejor va por una senaduría y, en busca de la gubernatura, ha quedado Alma Alcaraz, que tuvo cargos legislativos y directivos en el PAN, quien quedó en segundo lugar en las presuntas encuestas internas, pero avanzó en función de las cuotas de género.

En otro tema: en el Diario Oficial de la Federación se publicó el último día de diciembre de 2020 un decreto presidencial que establecía las razones y los términos que llevaban al gobierno federal a ir sustituyendo de manera gradual el uso del glifosato, un herbicida ampliamente considerado cancerígeno, hasta dejar de importarlo en enero de 2024. Luego, el 13 de febrero de 2023, se emitió otro decreto que posponía dicha eliminación hasta el último día de marzo de 2024.

Sin embargo, el presidente López Obrador determinó a última hora que continúe la importación y uso del glifosato en tanto se encuentra alguna alternativa. Tal giro en reversa termina favoreciendo los intereses de trasnacionales y, en específico, del grupo del empresario Alfonso Romo, que sigue teniendo influencia a través de una pieza que colocó, la de Víctor Villalobos, como secretario de Agricultura.

Ayer, el ex secretario del Medio Ambiente Víctor Toledo, quien renunció al cargo justamente por estar en contra de las maniobras de ese grupo de interés, aseguró que en México ya hay alternativas al glifosato y que el gobierno de AMLO ha generado una “revolución agroecológica”. Toledo incluso solicitó, entrevistado en Internet, que se le otorguen 20 minutos en la mañanera pues, indicó, en ese tiempo haría que cambiara su punto de vista el Presidente de la República. ¡Hasta mañana!

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Edición: Ana Ordaz