Opinión
La Jornada
13/06/2024 | Ciudad de México
En días recientes, dirigentes políticos y comentaristas de la oposición han señalado que en la conformación de la próxima legislatura federal habría una sobrerrepresentación para los partidos de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia. Ayer mismo, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, llamó a los senadores electos de su partido a presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que impida el reconocimiento de la mayoría calificada que por ley le corresponde a la alianza integrada por los partidos Morena, Verde y del Trabajo.
Efectivamente, existe una diferencia entre el porcentaje de los votos obtenidos en conjunto por los tres componentes de Sigamos Haciendo Historia para sus candidaturas de mayoría relativa a la Cámara de Diputados (56 por ciento) y las curules que les corresponderán, que exceden los dos tercios de la cámara. No obstante, esta discrepancia deriva del estricto cumplimiento de las leyes electorales vigentes en el país, no se contrapone con lo establecido en el artículo 54 constitucional y no es un rasgo exclusivo de la democracia mexicana: obedece a consideraciones de gobernabilidad y es aun más pronunciada en otras naciones consideradas democráticas
Con esas mismas reglas, el viejo régimen impuso entre 2012 y 2014 el llamado Pacto por México, una alianza legislativa entre sus tres partidos (PRI, PAN y PRD) que operó para introducir gravísimos retrocesos al espíritu nacional y social de la Constitución de 1917, trasladar a particulares el dominio de bienes de la nación, legalizar prácticas corruptas, destruir derechos laborales y agrarios e instituir o fortalecer mecanismos institucionales defensores de los intereses privados por encima del interés público.
Cabe recordar que en marzo de 2023 el Legislativo aprobó una reforma electoral, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que suprimiría el diferencial entre los sufragios obtenidos por un partido y el porcentaje de legisladores que le corresponderían. Sin embargo, tal reforma fue impugnada por diversos actores de la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a la postre la declaró anticonstitucional.
Con estos antecedentes en consideración, resulta por demás inescrupuloso que los ahora opositores clamen contra una sobrerrepresentación que sus mismos partidos instituyeron y de la cual se beneficiaron por décadas mientras conducían al país hacia los abismos sociales, económicos y políticos del neoliberalismo. Más decoroso sería que en la próxima legislatura sus diputados y senadores colaboren con las mayorías surgidas de la elección del 2 de junio para modificar las reglas del juego electoral aún vigentes con el fin de darles un sentido más democrático.
Edición: Emilio Gómez
