Opinión
La Jornada Maya
31/07/2024 | Mérida, Yucatán
Durante la actual discusión sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación han salido a relucir dos temas: si debe llegar a los poderes judiciales estatales, lo que incluiría a magistrados de los tribunales superiores de justicia y jueces de primera instancia, y el costo de una elección. Sobre este segundo punto, la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, planteó en la Cámara de Diputados la necesidad de “un presupuesto acorde al tamaño del ejercicio”.
No le falta razón a la consejera. En términos monetarios, la democracia mexicana resulta cara, especialmente considerando que la elección del pasado 2 de junio costó 9 mil 500 millones de pesos; de esta cantidad, un tercio correspondió a los partidos políticos, como parte de sus prerrogativas. Esto quiere decir que tanto la organización de las elecciones como el costo de las campañas, al menos legalmente, es cubierto con dinero público. En otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, los candidatos buscan donativos de particulares y empresas.
Taddei refirió que la elección para el Poder Judicial costaría más o menos lo mismo que una presidencial, pero si no se tiene definido a cuántas personas se va a elegir, el dato que diga será mera especulación. En el fondo, resulta necesario saber, antes de organizar un proceso electoral, cuántos cargos estarán en juego, y si no serán solamente los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino que también se incluirá a magistrados que integran los tribunales colegiados y unitarios de circuito (existen 32) y a los jueces de distrito, de los que existen 400, tenemos que en cuanto a cantidad de personas, se votaría por un número semejante al de integrantes del Poder Legislativo, en ambas Cámaras.
Hay otro inconveniente: los tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación se encuentran repartidos en todo el territorio nacional, pero no necesariamente resuelven sobre todos los asuntos del estado en que se encuentren, sino que deben conocer según la materia en que se encuentren especializados; por ejemplo, si se necesita atender un amparo sobre arraigo o intervención de comunicaciones, es necesario acudir a uno de los siete Juzgados Federales Especializados Penales, que están todos en la Ciudad de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, ha respondido proponiendo que sea el propio Poder Judicial de la Federación el que aporte, de sus ahorros, el dinero necesario para la elección. Esto es una posibilidad -siempre que el entramado legal que se prepara desde el Congreso así lo indique -pero independientemente de ello, el costo del proceso debe estar contemplado en el presupuesto de egresos para el próximo año, y para ello es imperativo conocer precisamente el tamaño de la elección.
El tema entonces no es la carencia de recursos, sino que no se sabe con precisión cuánto dinero se requiere y cuál deberá ser el esfuerzo del INE para organizar los comicios y posteriormente considerar cada cuándo requerirá repetir el ejercicio.
Tampoco se trata de si habrá o no jueces, magistrados y/o ministros que actualmente se encuentren en ejercicio y se animen a postularse, sino de cuántos integrantes del Poder Judicial deberán llegar al cargo por elección, de cuántas casillas y boletas serán necesarias, y cuántos funcionarios de casilla deberán ser capacitados, e incluso si existirán campañas, cuánto durarán éstas y cuál será el tope de gastos.
Queda por ver si a los trabajadores del Poder Judicial les interesaría participar para obtener en las urnas un ascenso, y luego ver si cada estado emprende su propia reforma para que jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura sean electos por voto popular; por lo pronto, cuando la mayoría de los gobernadores son emanados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), parece más un asunto de homologar el sistema independientemente de las dificultades técnicas.
Edición: Fernando Sierra
