Opinión
La Jornada
13/08/2024 | Ciudad de México
La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (Ampip) informó que sus agremiados calculan invertir hasta 8 mil 600 millones de dólares desde este año y hasta 2030 a fin de albergar a las empresas que llegarán al país como parte del proceso de relocalización de las cadenas productivas ( nearshoring). En un escenario conservador, el flujo de capitales creará 313 mil empleos, mientras una proyección optimista podría elevar la cifra a 418 mil puestos laborales.
Destaca que, además de los corredores consolidados de manufactura (el norte, el Bajío, el Golfo de California), se construirán millones de metros cúbicos de naves industriales en torno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el istmo de Tehuantepec.
Este anuncio se suma a otros datos que reflejan la buena imagen de México en el exterior. En 2023, la Secretaría de Economía recibió notificaciones públicas de inversión por 110 mil millones de dólares, y en los primeros siete meses de 2024 se han añadido 166 anuncios por un total de 48 mil millones en la moneda estadunidense, es decir, casi un millón de millones de pesos. Ayer mismo, el grupo financiero más grande que opera aquí aseguró que el país presenta las mejores oportunidades a nivel mundial para llevar a cabo operaciones de nearshoring, debido tanto a su ubicación estratégica como a la solidez del mercado interno.
Más allá de los movimientos que realizan las empresas multinacionales, también individuos y familias de todo el mundo se sienten atraídos hacia México: en la primera mitad del año, arribaron 21.8 millones de turistas internacionales, 6 por ciento más que en el mismo periodo de 2023.
La creciente llegada de personas y capitales es una buena noticia por sus implicaciones en las oportunidades laborales, la dinamización de la economía y los mayores recursos a disposición del Estado para cumplir con sus funciones en materia de desarrollo social. Sin embargo, estos fenómenos pueden representar más problemas que soluciones si no se gestionan de manera adecuada, con una perspectiva de sustentabilidad ecológica y de auténtica responsabilidad social. Como ya se ha señalado en este espacio, la relocalización es un medio y no un fin: atraer a las corporaciones que buscan establecerse más cerca de Estados Unidos sólo tiene sentido si presentan propuestas virtuosas en materia laboral, ambiental, fiscal y de encadenamientos productivos, y a condición de que no traigan consigo una nueva versión del modelo maquilador impuesto el siglo pasado, que creó empleos mal pagados y entornos sociales caracterizados por la marginación y la pobreza.
Tanto la llegada de nuevas empresas como la ampliación de actividades de las que ya operan en el país, así como la afluencia turística, tienen un impacto directo en el que quizá es el mayor desafío de México en el siglo XXI: garantizar el derecho humano al agua en un contexto de escasez que, de acuerdo con estimaciones científicas, se agudizará a causa del cambio climático. En la actualidad, durante los meses de estío la sequía alcanza hasta 70 por ciento del territorio nacional, y el país se encuentra entre los que sufrirán mayor estrés hídrico en las próximas décadas. Por ello, asegurar que los agentes económicos hagan un manejo correcto de los recursos es, sin exageración, un asunto de supervivencia.
Edición: Ana Ordaz
