Opinión
La Jornada
24/08/2024 | Ciudad de México
Por mayoría de votos, con ocho a favor y tres en contra de los consejeros Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional con apego a las directrices establecidas en la Constitución. De este modo, Morena y sus aliados tendrán la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales al sumar 364 curules.
Cabe saludar a los integrantes del Consejo General del INE que resistieron las presiones de políticos opositores y poderes fácticos que los amagaron para que hicieran una interpretación a modo de las leyes a fin de quitar al oficialismo los lugares que le corresponden y entregar a las derechas la facultad de seguir bloqueando reformas urgentes para la vida pública y el desarrollo económico del país.
Pese al desenlace apegado a derecho, no deja de ser inquietante que tres consejeros se hayan pronunciado de manera abierta a favor de violar la ley y anular el elemento más sagrado de una democracia: la voluntad popular. Preocupa también que una de las voces más estridentes a favor de un reparto inconstitucional de los escaños haya sido la del ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, un hecho que recuerda el peligro constante en que se encontró la democracia durante su mandato.
Apoyar el actual reparto de curules no significa defender las leyes vigentes como óptimas o intocables. Por el contrario, está claro que son perfectibles y el pueblo tiene el derecho inalienable de modificarlas, ya sea para eliminar los espacios denominados plurinominales y dar paso a un sistema del tipo "el ganador se lo lleva todo" (en el cual sólo alcanzan un lugar en el Congreso los candidatos que ganan la mayoría en el distrito por el que compiten); o bien para instaurar un modelo de proporcionalidad absoluta, en el que cada partido ocupa un porcentaje de curules equivalente a la votación obtenida.
El primero suele favorecer la gobernabilidad, mientras el segundo asegura la representatividad, pero obliga a la fuerza gobernante a pactar con formaciones de principios distintos o incluso antagónicos, lo cual hace muy difíciles los cambios profundos. Bajo estas consideraciones, la ciudadanía puede decidir si opta por uno de los sistemas descritos o si desea conservar el modelo mixto actual. Lo inaceptable es el intento de modificar las reglas cuando los ciudadanos ya habían votado y expresado sin ambages su respaldo a la continuidad del proceso de transformación en curso.
Este episodio en que políticos opositores, académicos, comentócratas y cúpulas patronales coaccionaron al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que ignorasen la Constitución al repartir los asientos del Congreso demostró a qué se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador con su frase, sacada de contexto por la oposición, "no me vengan con que la ley es la ley": justamente aludía a los individuos y grupos que se parapetan en las normas cuando éstas favorecen sus privilegios de casta y clase, pero las violan cuando no se acomodan a sus intereses.
Ahora sólo queda que los diputados y senadores del bloque mayoritario honren los compromisos adquiridos ante los electores. Ante todo, deben tener presente que los votos recibidos no fueron a favor de sus aspiraciones e intereses personales, sino de un proyecto de nación que ha sido explicado de manera oportuna tanto por el mandatario saliente como por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, por lo que sus votos han de ser congruentes con la plataforma de campaña de los partidos que los postularon.
Edición: Emilio Gómez
