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La salida del ex candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia con rumbo al exilio en España podría marcar el inicio de la distensión y la normalización del crispado escenario político que quedó en Venezuela a raíz del intento de la derecha local, apoyada por Washington y por diversos gobiernos europeos y latinoamericanos, de convertir los comicios del pasado 28 de julio en el colapso del régimen bolivariano y de la presidencia de Nicolás Maduro.


Cabe recordar que un vacío de información por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue aprovechado por los opositores para difundir desde un sitio web privado falsa información sobre los resultados comiciales para dar la impresión de que González Urrutia había ganado la Presidencia y para denunciar un supuesto fraude electoral a favor de Maduro.

Ese operativo de desinformación contribuyó a azuzar una serie de violentas protestas que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de dos millares de detenidos, y sirvió de pretexto a varios gobiernos extranjeros y a organizaciones internacionales como la de Estados Americanos (OEA) para desconocer la institucionalidad venezolana.

El político ahora asilado en España fue acusado de suplantar las funciones del CNE y de instigar a la rebelión, entre otros delitos, y al ser requerido por la justicia buscó sucesivamente refugio en las embajadas holandesa y española en Caracas y ayer, tras obtener un salvoconducto de las autoridades venezolanas, viajó a Madrid a bordo de un avión militar enviado por España para transportarlo.

Aunque resulta deplorable el persistente injerencismo del gobierno que encabeza Pedro Sánchez, quien sin pudor ni necesidad describió a González Urrutia como héroe, lo cierto es que el frente internacional del intervencionismo en Venezuela –en el que Washington, Londres y Madrid han desempeñado un papel protagónico– no logró crear las condiciones para reconocerlo como presidente –como sí pudieron hacerlo con Juan Guaidó en la aventura precedente, en enero de 2019– ni construir en torno a su figura una suerte de gobierno paralelo o en el exilio.

Por lo demás, no hay ningún asidero legal para atribuirle alguna representatividad a la principal dirigente del antichavismo, María Corina Machado, quien también está llamada a comparecer ante un tribunal por diversas imputaciones y, hasta donde se sabe, permanece en calidad de prófuga en territorio venezolano.

Guste o no a los opositores y a sus patrocinadores extranjeros, pues, Maduro está en pleno control del país caribeño y su gobierno se ve fortalecido por la ausencia del país de su rival en los comicios de julio pasado, el cual no tendrá más margen de acción que unirse a las conspiraciones de la cada vez más abundante comunidad de disidentes venezolanos en Madrid.

Y aunque el proceso electoral no haya concluido formalmente, parece difícil que siga siendo usado por los antichavistas para desestabilizar al gobierno bolivariano.

 
Edición: Emilio Gómez


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