Violencias en toda la escala, en todo el país

Desde la presentación de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a las autoridades de Estados Unidos, el estado de Sinaloa ha entrado en una espiral de violencia que ha terminado por afectar a prácticamente toda la población de ese estado. Prácticamente, todos los días se da cuenta de una balacera, de por lo menos una persona que pierde la vida en un enfrentamiento; y mientras se va normalizando experimentar el pánico mientras, durante la noche, se escuchan balaceras.

El papel de las autoridades locales parece limitado a reportar en qué colonias de Mazatlán tienen lugar los enfrentamientos entre las organizaciones de Los Chapitos y Los Mayitos, a la par de llamar a la población a “mantenerse en resguardo”, sin que se tenga una cifra oficial de detenidos por estos hechos.

En otro estado, Guerrero, símbolo del turismo y a la vez ejemplo de una lacerante desigualdad social que urge disminuir, particularmente en Acapulco, otro enfrentamiento deja 30 muertos; se trata de otros grupos del crimen organizado disputándose el territorio en Tecpan de Galeana, donde los lugareños quedan expuestos al fuego cruzado provenientes de armas que llegaron de los Estados Unidos, sin que nadie las detectara.

Otras violencias, ahora contra personas concretas, mujeres, llegan a la agenda de comunicación nacional. La solidaridad de estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), que exigen frente a las instalaciones del a Fiscalía General del Estado el esclarecimiento del asesinato de su compañera Estefany “N”, de 22 años, ejecutada por un hombre que ingresó armado al gimnasio donde la joven se encontraba. Si hay instituciones a las cuales les urge ser percibidas como confiables estas son las fiscalías, que debieran ser clave para disminuir los índices de impunidad.

Precisamente otra fiscalía, ahora la de Querétaro, presenta una indignante causa según la cual pretende condenar a Esmeralda, una adolescente indígena de 14 años, a tres años de prisión por el “delito” de haber tenido la interrupción espontánea de un embarazo resultante de una violación. Esto además de obligarla a pagar medio millón de pesos “a quien tenga el interés jurídico”. Todo un caso del mundo al revés, en el que los órganos de procuración de justicia persiguen a la víctima y no al criminal.

Y en la Ciudad de México, específicamente en las alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco, sale a la luz que las mujeres más pobres, habitantes de colonias a donde no llega el agua potable y tienen que abastecerse del líquido recurriendo a la compra de pipas, son extorsionadas sexualmente por los conductores de estos carros. Triste fenómeno social: tener que intercambiar sexo por una ración de agua, cuando el acceso a ésta debiera estar garantizado como derecho. 

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema en su conferencia mañanera, indicando “Que se investigue, el agua es un derecho y si se están dando casos así… primero que se investigue si está ocurriendo y después con la jefa de Gobierno (Clara Brugada) que se tomen cartas en el asunto”. Clara Brugada ya fue alcaldesa precisamente de Iztapalapa en tres ocasiones, lo que por lo menos obliga a cuestionar qué tanta información tenía de estos hechos, en lugar de descalificarlos como resultado de un “trabajo escolar”. La escala de violencias debería detenerse en algún punto, porque mientras, a la par, lo que crece es la indignación ante la falta de justicia por parte de todas las autoridades involucradas.

Edición: Estefanía Cardeña