Tentativa de contrarreforma política, no jurídica

La contrarreforma que intentarán algunos ministros de la Corte este martes es un proyecto ex-presamente político, no estrictamente jurídico; faccioso (prolongación de la famosa cena de la ministra Piña y otros personajes judiciales con el judicializadle Alito), casi precozmente electoral (busca reposicionar al segmento partidista opositor luego de la aplastante derrota electoral sufrida en junio pasado) e impulsada de manera anhelante por factores de poder fáctico, entre otros la prensa extranjera ( The New York Times, por ejemplo, dando muy amplia cobertura al magistrado ideólogo de la contrarreforma y a la desmemoriada visión oportunista que cree llegado el fin del "estado de derecho", como si éste realmente hubiese existido a plenitud durante las administraciones federales del PRI y el PAN).

La caracterización política ha sido expresada varias veces por el ideólogo de la contrarreforma, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ha dicho sin ambages que el texto constitucional en vigor puede ser refuta-do categóricamente pero que, en lugar de ese rigor tajante, se ha optado por una forma de "autocontención" del máximo tribunal, y ofrecer una suerte de sacrificio (la renuncia anticipada de ocho ministros) y conciliar, dar oportunidad a que no se ahonde una "crisis constitucional" que, asegura él, ya está en curso.

En su edición del pasado 2 de noviembre, The New York Times cita: “‘estoy extendiendo una mano, abriendo la posibilidad de negociación, de reflexión, una invitación a sopesar las cosas con cuidado’, dijo el ministro González Alcántara en una entrevista en su despacho en la Ciudad de México”. ¿Son palabras de un ministro de la Corte, con fundamento jurídico suficiente, o son palabras de un actor político que juega a las negociaciones? Gustavo Díaz Ordaz, el gran represor, también dijo extender su mano a los estudiantes en 1968.

Convertir la letra constitucional vigente en tentativa de arreglos políticos es reprobable. Lo que González Alcántara propone es que la Corte acepte que la reforma judicial podría ser rechazada por completo pero que, para evitar problemas, se pacte una "solución" política intermedia: los ministros presentan su renuncia adelantada, lo que ya ha sucedido, con la garantía de sus cuantiosos haberes de retiro, y a cambio aceptarían que esas plazas sean sujetas a elección popular (al igual que algunas magistraturas electorales y los asientos del tribunal disciplinario), pero no así el grueso del aparato judicial federal, los centenares de asientos de jueces y magistrados.

Falta ver, desde luego, si se mantienen firmes los ocho presuntos votantes a favor del proyecto político del carranquismo o hay alguna defección. Y falta ver si del lado de la llamada 4T, en particular de Palacio Nacional, se produce una reacción fuerte y firme, no sólo retórica, en caso de que los ocho presuntamente conjurados lleguen a acotar la reforma judicial. Es decir, que no se deje crecer la percepción de que en realidad hubo una negociación previa, un arreglo político oscuro en un tema de tanta trascendencia.

Aun cuando los posicionamientos partidistas buscan cargar culpas (que las tienen) en el presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE), y (sobre todo) en el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), el impacto histórico, político y mediático ha sido contra los reyes (Felipe y Letizia), a quienes fueron lanzados objetos y barro, además de señalamientos de "asesinos", al visitar Paiporta, un municipio de la Comunidad Valenciana que es de los más dañados por la enorme tragedia de inundaciones que no tuvo pertinente advertencia oficial ni oportuna ayuda de los gobiernos. Y, mientras México espera, con explicable preocupación, los resultados de la elección estadunidense, ¡hasta mañana!

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Edición: Ana Ordaz