Opinión
La Jornada
04/12/2024 | Ciudad de México
La discusión del Presupuesto de Egresos 2025 en el Congreso ha llevado a jaloneos que se trasvasan de lo institucional a lo mediático, debido a las desmedidas exigencias de varias instancias para que se les entreguen recursos con los que no cuenta la hacienda pública y que son innecesarios para el correcto desarrollo de sus atribuciones.
Los críticos del gobierno por consigna, así como personas bienintencionadas, pero mal informadas, cometen el error de establecer un vínculo unívoco entre la reducción (o el no incremento) presupuestal a una dependencia u organismo autónomo con un ataque a sus funciones sustantivas. Por ejemplo, medios alineados con la oposición denuncian un recorte a la salud porque se destina menos a la secretaría del ramo, sin mencionar que aumenta el dinero para IMSS, Issste e IMSS-Bienestar, así como el hecho de que buena parte de sus tareas se ha transferido al área de la Secretaría del Bienestar.
De manera más general se omite, por ignorancia o complicidad, que muchas instancias destinan la inmensa mayoría de sus asignaciones a "servicios personales", es decir, a sueldos, salarios, dietas, prestaciones, honorarios, gastos de seguridad social y otras obligaciones laborales. Tal es el caso del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual emplea 85.4 por ciento de su presupuesto en dicho rubro. A los ingresos principescos e ilegales que se conceden a sí mismos los togados se añaden otras partidas que develan hasta qué punto los impartidores de justicia viven divorciados de la realidad nacional y de las demandas ciudadanas: el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) gastó 49.9 millones de pesos en productos alimenticios para su personal, 1.2 millones en la celebración de fin de año de sus unidades administrativas, 504 mil pesos en mantenimiento de macetones y jardineras e incluso hizo donaciones millonarias que pueden constituir casos de tráfico de influencias con dinero del pueblo.
El máximo tribunal es un caso paradigmático de instituciones innecesariamente onerosas. En 2010, un estudio encontró que en el transcurso de sólo seis años, los gobiernos panistas más que duplicaron su presupuesto, pese a que en cada periodo subejerció hasta una quinta parte de sus recursos: nada, salvo la ineptitud o la corrupción, pueden explicar que cada año se le dé más dinero a un órgano ya tan sobrefinanciado que no encuentra qué hacer con el que recibe. Aunque la SCJN maneja una cantidad ínfima de casos en comparación con los poderes judiciales estatales, el presupuesto que le entregaron las administraciones blanquiazules superó hasta en mil por ciento lo que recibían las judicaturas locales. Esta desmesura no puede justificarse ni por la naturaleza de sus labores ni por el buen desempeño de las mismas: en el año referido, la Suprema Corte contó con el doble de personal y 63 por ciento más dinero que su homóloga estadunidense; asimismo, tuvo una productividad (medida por el número de casos resueltos) 46 por ciento menor que el Tribunal Constitucional de España, pese a que éste costó a los causantes de ese país casi 10 veces menos de lo que la SCJN extrajo a los mexicanos.
En distintas medidas, lo que se detalla acerca del Poder Judicial federal aplica a universidades, organismos autónomos o descentralizados y a todas, o casi todas, las instituciones que reciben recursos públicos. La rebatiña presupuestal muestra que más de seis años después de haberse establecido la austeridad republicana como un lineamiento de Estado, no se ha logrado que los funcionarios se conduzcan con sobriedad, rechacen la ostentación y el dispendio con el dinero de la nación y, en suma, recuperen el sentido republicano en el ejercicio de la administración pública. Si se quiere profundizar el proyecto transformador en curso, es indispensable un cambio de mentalidad entre la alta burocracia del aparato estatal.
Edición: Ana Ordaz
