Oaxaca: escuchar al pueblo

Habitantes y organizaciones de Oaxaca acusan al gobernador Salomón Jara Cruz de perpetrar actos de corrupción, de haber llevado el nepotismo a niveles nunca antes vistos en la entidad, de imponer medidas y obras contrarias al interés público, de integrar en su gabinete o de cobijar en el Congreso y los municipios a personas con presuntos vínculos con el crimen organizado y de perseguir a movimientos sociales, periodistas y defensores de derechos humanos que señalan las faltas de su administración. Asimismo, lo consideran el principal responsable de la crisis de inseguridad (que incluye incrementos en asesinatos, ejecuciones, desapariciones, feminicidios, robos y asaltos, que se suceden en zonas hace poco libres de dichos flagelos) y de las deplorables condiciones en que se encuentran clínicas, hospitales y escuelas.

La diversidad de los sectores descontentos con la actuación del mandatario estatal y de muchos de sus funcionarios indica que detrás de las quejas hay males reales que deben ser atendidos por los tres niveles de gobierno. Debe recordarse que Oaxaca reviste una especial importancia social, política y estratégica: social, por los rezagos que padecen sus pobladores, por la desigualdad, la injusticia y la violencia que se han cebado contra las comunidades indígenas; es decir, por la deuda histórica del país con los oaxaqueños, portadores de una riqueza cultural que engrandece a todo México; política, porque ha sido un emblema de la Cuarta Transformación, donde ésta ha gozado de un abrumador respaldo y por tanto ha adquirido un compromiso aún mayor que en otras regiones, y estratégica, porque desde hace seis años se ha apostado por el desarrollo con proyectos de la envergadura del Corredor Transístmico que, con el ferrocarril, los puertos, las zonas industriales y toda la infraestructura auxiliar, tiene el potencial de convertir a la entidad y sus vecinos en la zona de mayor crecimiento económico del país, como de hecho ya ocurrió por primera vez en décadas durante el sexenio pasado.

Dejar que el deterioro actual persista o se profundice es poner en peligro lo logrado y podría arruinar el enorme esfuerzo aplicado a llevar la justicia social al sureste mexicano. Por ello, la Federación está llamada a desplegar todas sus capacidades para coadyuvar en la solución de los problemas de la entidad, sobre todo en lo que respecta a la mejora radical de los servicios de salud y a la seguridad pública. En tanto, el gobierno estatal debe escuchar las críticas, enmendar lo que no se ha hecho bien y recordar que el mandato recibido en las urnas no constituye un cheque en blanco, sino una oportunidad de servir a los ciudadanos y de atender a sus reclamos y necesidades.

Lo que no se debe permitir es la caída de Oaxaca en una situación de ingobernabilidad que empeore las perspectivas de vida de las mayorías y vuelva inútiles los ingentes recursos destinados a la entidad en los años recientes. Los oaxaqueños merecen el cumplimiento de las promesas que se les han hecho para acabar con la centenaria contradicción entre su abundancia de riquezas naturales, culturales y sociales, así como con la marginación y el atraso en que se ha visto sumida la mayoría de su población.

Edición: Ana Ordaz