Opinión
La Jornada
21/02/2025 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió ayer al Congreso una iniciativa de reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución con el fin de ampliar las protecciones a la soberanía nacional y atajar el injerencismo. La modificación al artículo 19 constitucional plantea que a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, traslado en el territorio nacional de armas, así como a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley, "se le impondrá la pena más severa posible" y "será sujeto de la prisión preventiva oficiosa". Al apartado al 40 se le incorpora que el pueblo de México "bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones" o cualquier actividad que provenga del extranjero y sea lesivo de la soberanía nacional, así como el rechazo a toda modalidad de incursión por tierra, agua o espacio aéreo y a investigaciones o persecuciones sin la aprobación expresa del Estado mexicano.
Con estos ajustes, la mandataria dota al país de herramientas jurídicas imprescindibles ante la amenaza que supone la clasificación de varios grupos del crimen organizado como "entidades terroristas" por parte de Washington y Ottawa. Como se ha mostrado en este espacio, dicha caracterización no tiene nada que ver con el combate al fenómeno delictivo, sino con potenciar el intervencionismo en los asuntos internos de México mediante la aplicación extraterritorial de las leyes estadunidenses. Al poner a un colectivo, del tipo que sea, en su lista de organizaciones terroristas, la Casa Blanca se da a sí misma la autorización para efectuar operaciones militares en cualquier parte del planeta que le parezca conveniente, sin siquiera requerir el aval del Congreso, lo cual no puede tomarse a la ligera en un país que ha sido víctima de masivos robos de territorio, golpes de Estado y espionaje por parte de la superpotencia.
En más de dos siglos de vida mexicana independiente, nuestro vecino del norte ha promovido los intereses de su oligarquía a través del cuerpo diplomático, de sus agencias de inteligencia, de sus empresas, y de individuos y grupos locales que socavan la democracia al hacer política con el patrocinio de un Estado extranjero, para lo cual usan el disfraz de "sociedad civil" y fingen defender causas tan nobles como los derechos humanos, la transparencia o el derecho a la información.
Por todo lo dicho, es evidente que, si bien surgen de una coyuntura, las propuestas de la presidenta Sheinbaum trascienden las necesidades del momento al fortalecer de manera explícita la soberanía nacional, la integridad territorial y el dominio del Estado sobre la superficie terrestre, aérea y marítima de la nación. Cabe saludar la oportunidad de estas iniciativas y confiar en que el Poder Legislativo las analice, mejore si es necesario, y apruebe a la brevedad posible.
Edición: Ana Ordaz
