Opinión
La Jornada Maya
13/03/2025 | Ciudad de México
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, fue denunciado por los posibles delitos de corrupción, desvío de recursos, peculado y daño a la hacienda pública con base en irregularidades en el presupuesto de la demarcación detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. El desvío de recursos de obras reportadas como realizadas, pero que en los hechos no se llevaron a cabo, asciende al menos a 100 millones de pesos.
No es la primera vez que se acusa al panista por malos manejos relacionados con la construcción en la alcaldía que gobierna desde 2021. Desde el inicio de su administración, residentes han alertado sobre la expansión del cártel inmobiliario creado por políticos y funcionarios blanquiazules en la vecina Benito Juárez. Esa trama, por la que hoy están sujetos a acción penal el ex jefe delegacional Christian Von Roehrich y otros funcionarios como Nicias René Aridjis Vázquez, quien fue director de Obras y Desarrollo Urbano de 2006 a 2018, consiste en que las autoridades panistas otorgan permisos ilegales para la edificación de viviendas donde no deberían estar o con más niveles de los establecidos en el reglamento, a cambio de que los desarrolladores les entreguen parte de los departamentos levantados. Sólo en uno de dichos complejos hay seis inmuebles a nombre de Von Roehrich, el ex alcalde y ex aspirante a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada; un hermano del hoy edil Luis Mendoza, un hermano del mencionado Aridjis y el suegro del líder nacional blanquiazul, Jorge Romero Herrera. Este último también gobernó Benito Juárez y es acusado por sus propios correligionarios de fundar y dirigir, quizá hasta la actualidad, el cártel inmobiliario.
Al igual que en la demarcación controlada de manera ininterrumpida por el PAN durante un cuarto de siglo, en Miguel Hidalgo los vecinos sufren una pérdida de calidad de vida, daños patrimoniales e incluso despojo a manos de empresarios y autoridades que violan el uso de suelo, erigen complejos sin emitir la debida publicitación vecinal y obstruyen el libre tránsito. Sólo en la zona de Escandón se reportan hasta 40 construcciones irregulares, varias de ellas de dimensiones que exceden lo adecuado y lo permitido en dicho perímetro.
Asimismo, los habitantes se han quejado de que el alcalde usa su poder para facilitar la operación irregular de negocios de sus familiares directos, pero hasta ahora no ha habido ninguna consecuencia jurídica ni administrativa para este clan del panismo capitalino.
El nepotismo, la sensación de inmunidad y la prepotencia de los Tabe quedó a la vista el 27 de septiembre de 2022, cuando su padre, Daniel Tabe, intentó asesinar a un empleado público por colocar sellos de clausura en uno de sus restaurantes. El único castigo fue una sentencia de prisión preventiva domiciliaria, rápidamente dejada sin efecto por un tribunal colegiado integrante del "pacto judicial inmobiliario" entre políticos panistas y jueces.
Con semejante cúmulo de antecedentes, queda claro que la supuesta persecución política de la cual se dicen víctimas estos políticos no es sino un esfuerzo propagandístico, acompañado por opinólogos y medios derechistas, por desviar la atención del esquema de saqueo puesto en marcha por el PAN en algunos de sus principales bastiones. Es evidente que la presentación de pruebas contra Tabe se inscribe en la lucha anticorrupción que ya alcanzó a varios de sus compañeros de partido y que se cierne también sobre personajes como el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, hoy prófugo de la justicia.
Edición: Ana Ordaz
