Opinión
La Jornada Maya
31/03/2025 | Mérida, Yucatán
El proceso de elección extraordinario para el Poder Judicial que actualmente se encuentra en curso es sumamente complejo tanto para los organismos encargados de su organización, que son el Instituto Nacional Electoral (INE) y los respectivos organismos públicos locales electorales (OPLES) a los que les corresponde hacer lo propio en las entidades donde tendrán lugar jornadas confluyentes.
Complejos porque hay casi 4 mil candidatos para algo más de 800 cargos, repartidos entre los juzgados de distrito, tribunales de circuito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus Salas Regionales, el Tribunal de Disciplina y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que implica seis boletas. A estas habrá que agregar, localmente, por lo menos otras dos papeletas; una para magistrados del Tribunal Superior de Justicia y otra para el Tribunal de Disciplina estatal; según haya sido la voluntad política, habría una más, para los jueces de primera instancia, y esto si se tratara de un estado cuyo Poder Judicial sea pequeño, pues podrían imprimirse sendas papeletas de acuerdo a cada materia jurisdiccional; es decir, según el número de jueces de lo penal, civil, de control, en materia mercantil, familiar, laboral, de extinción de dominio, de ejecución, etcétera. Esto, como se quiera ver, es un gasto irreductible para el INE y los OPLES.
Otro punto complejo es la información con que contará el electorado como aliciente para acudir a votar. Esa misma cantidad de cargos es un obstáculo cuando se le pide al ciudadano emitir un sufragio informado, y en lo que respecta al Poder Judicial de la Federación, resulta difícil tener un panorama más o menos claro de qué hace cada quién y distinguir, por ejemplo, la diferencia entre un juzgado de distrito y un tribunal de circuito. Dejemos aparte el perfil de quienes aspiran a esas posiciones.
Así, las claves de la organización estarán en cuántas casillas podrán instalarse, con los recursos limitados que se tienen, y convencer a la ciudadanía a participar como funcionario y recibir los votos, para lo cual se requiere que 1.55 millones de personas respondan a la convocatoria. Difícil, porque la misma cantidad de cargos y candidatos dificulta el hacerse de información y más si poner ésta al alcance de la población será responsabilidad de cada una de las personas postuladas.
Si bien en este proceso no deben intervenir los partidos políticos, es más que obvio que cada candidato, como cualquier persona, posee simpatías por algún color. La prohibición para que los partidos intervengan, sin embargo, no obedece a que sea deseable un perfil ciudadano en quienes estarán a cargo de la impartición de justicia en sus distintos ámbitos, sino a una cuestión de costos: de haberse permitido la participación partidista, habría sido necesario que el INE funcionara con el presupuesto de un año electoral, en el cual buena parte se destina al financiamiento de las campañas electorales.
Y precisamente a la ciudadanía le tocará informarse acerca de cuáles son los cargos por los cuales votará. Siguiendo con el ejemplo de los tribunales de circuito, habrá quien se pregunte por qué no encuentra al que tiene jurisdicción sobre su estado, y en realidad es porque estos colegiados están especializados por materia. Esto puede ocurrir igualmente cuando deba seleccionar a personas juzgadoras en primera instancia.
En cuanto al llamado a la participación ciudadana, éste quedó en manos del INE precisamente por la falta de recursos y la prohibición a los partidos para intervenir. La complejidad de la elección queda de manifiesto en lo forzado de los diálogos que se reproducen en la propaganda de radio y televisión. En cuanto a que sea el INE el único encargado de publicitar el proceso electoral, es claro que esta es su función desde que fue fundado y más desde la reforma de 2007 para que las pautas proselitistas se realizaran únicamente en los tiempos oficiales. Impugnar esta facultad puede terminar por volver a abrir la puerta a que organismos privados intervengan en las campañas.
Históricamente, la elección de jueces y magistrados en el ámbito local también ha sido compleja, al grado que durante el porfiriato se celebraban las elecciones durante un fin de semana; en sábado se votaba por los poderes Ejecutivo y Legislativo y en domingo por el Judicial. Posiblemente, se está ante un retorno a ese escenario.
Edición: Estefanía Cardeña
